La labor de control social sin garantías judiciales avanza. El último invento que prepara el PSOE es la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. El objetivo: controlar y perseguir lo que el Gobierno considere discriminatorio.
El plan de los socialistas incluye "la mejora de los sistemas de recogida de datos y principales indicadores para prevenir y combatir el racismo", "la puesta en marcha de medidas que refuercen la respuesta institucional frente a la discriminación racial" y el "desarrollo de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, mediante la puesta en marcha de la Autoridad Independiente para la Igualdad de trato y la no discriminación".
El objetivo es ampliar el radio de acción frente a lo que el partido de Pedro Sánchez califica como un ataque a "la diversidad étnica, racial y cultural, existente en España, con especial atención al ámbito laboral, educativo y cultural, poniendo en valor la aportación de la convivencia de identidades y culturas diversas". Hay que recordar que el Gobierno ya ha tachado de racista la petición de medidas de control de la inmigración y el PSOE ha extendido ese calificativo incluso a la utilización del término "mena" (menor no acompañado).
El PSOE quiere igualmente "la promoción de campañas informativas sobre la existencia del teléfono gratuito 021 para la atención a las víctimas de discriminación racial o étnica", de forma que cuente con una plataforma de denuncias, Y "el impulso de campañas de sensibilización y formación dirigidas al fomento de la solidaridad, cohesión social y en contra de la proliferación de los discursos de odio xenófobos y racistas".
Por último, el plan de los socialistas incluye tres puntos: "Acciones e iniciativas que vayan dirigidas especialmente a colectivos que sufran discriminaciones múltiples. Acciones e iniciativas que vayan dirigidas a colectivos con mayor riesgo de exclusión social y con especial atención a mujeres refugiadas y migrantes, menores no acompañados o víctimas de trata y explotación sexual. El fomento de la participación de las personas de origen extranjero en la vida pública e institucional, poniendo especial atención a las jóvenes y las niñas, niños y adolescentes".
A partir de ahí, lo que no favorezca esas líneas de actuación podrá ser considerada como discurso discriminatorio y, por lo tanto, perseguido por la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.
La argumentación del PSOE asegura que "los delitos de odio se han incrementado en nuestro país en los últimos años, siendo actualmente la xenofobia y el racismo la primera motivación. En el año 2022, según datos del Ministerio de Interior, por racismo y xenofobia se registraron 755 delitos de odio, un 4,18% más que el año anterior; a lo que debemos unir los hechos que tienen como causa el antigitanismo —22 hechos registrados, un 22,22 % más que en 2021—, y por antisemitismo – 13 hechos registrados, un 18,18 % más que en 2021". "Estos datos podrían no estar reflejando del todo la realidad, ya que existe infradenuncia, como reconoce la ‘Encuesta sobre delitos de odio’ del Ministerio del Interior del año 2021, dónde se estima que sólo una de cada diez personas víctimas de delitos de odio había denunciado", afirma.
"Estos retos se deben abordar con políticas públicas que garanticen: la cohesión social, el fomento de la cultura de paz y el impulso de la diversidad cultural. Siendo estos tres factores determinantes los que deben guiar nuestras políticas con la finalidad de integrarlos en nuestra sociedad, ya que la actualidad y realidad de España, demuestra que vivimos en un Estado multicultural y diverso como siempre lo fue y lo será", añaden los socialistas. "Por lo tanto, la lucha contra el racismo y la xenofobia debe seguir avanzando en nuestro país mediante un gran consenso social y político con el objetivo de contar con una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva", concluye.