Conde-Pumpido colaboró en secreto con el Ejecutivo socialista para elaborar la Ley de amnistía. El propio Pedro Sánchez desató la polémica en esas fechas al afirmar que los acuerdos que el PSOE alcanzase para conseguir su investidura serían "validados" por el Tribunal Constitucional con "plena normalidad democrática". Es decir, Sánchez anticipó el veredicto del Tribunal de Garantías que preside Conde-Pumpido.
Por su parte, el fiscal general del Estado ha intentado que se acate la amnistía, pero los cuatro fiscales del 1-O se han rebelado contra Álvaro García Ortiz, y le han transmitido que no acatarán su orden de avalar la amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont.