El Gobierno asegura que el cupo catalán camuflado que ha pactado con el separatismo no sacará a la Generalidad del sistema de solidaridad nacional. Ha llegado a asegurar que "atenta contra la inteligencia" calificar la financiación diseñada para Cataluña de concierto o cupo camuflado. Estas son todas las trampas incluidas en ese texto que prueban que, efectivamente, en caso de cumplirse lo pactado entre el PSOE y ERC, la Generalidad saldrá del modelo de solidaridad y disfrutará del mismo privilegio que el País Vasco pero en contra de la Constitución, que no reconoce a Cataluña esa posibilidad.
Financiación singular
La primera trampa es visible simplemente con leer la parte principal del documento pactado entre Pedro Sánchez y ERC. Allí se define el "MODELO DE FINANCIACIÓN SINGULAR DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA". Y, efectivamente, se niega de forma muy visible que Cataluña vaya a salir del modelo de solidaridad. ¿Por qué? Pues por la evidente crítica que era obvio que iba a despertar la realidad. ¿Y por qué da lo mismo que lo hagan de esta manera? Pues porque en el apartado de limitaciones a esa solidaridad se vacía el pago.
El truco es el siguiente. El pacto señala expresamente que "la concreción de todos estos principios pasa, necesariamente, por el establecimiento de un nuevo modelo de financiación para la Generalitat de Cataluña, basado en la negociación bilateral con el Estado. En este sentido, los partidos abajo firmantes acuerdan: Que sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña y aumente sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea".
Y añade: "La gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña corresponden a la Agencia Tributaria de Cataluña, salvo los de naturaleza local", pero "la aportación catalana a las finanzas del Estado integra la aportación por el coste de los servicios que el Estado presta a Cataluña y la aportación a la solidaridad". La frase ha sido destacada por el PSOE y todas sus ramificaciones con una pasmosa tranquilidad. ¿Por qué? Pues porque da lo mismo lo que diga esa frase si acto seguido hay otra que anula el importe a pagar por esa solidaridad. Y justo eso es lo que ocurre.
Principio de ordinalidad
Así, unas líneas más adelante el mismo texto señala: "La aportación de los gastos del Estado se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos". Es más, "la aportación a la solidaridad debe ser explícita y debe reflejarse de forma transparente. La Generalitat debe contribuir a la solidaridad con las demás comunidades autónomas a fin de que los servicios prestados por los distintos gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar". Pero, ¿cómo se calcula? Por el momento sólo hay una cosa clara e incluida en ese mismo pacto escrito: "Esta solidaridad debe estar limitada por el principio de ordinalidad". ¿Y qué es esa ordinalidad? Pues que si Cataluña es la segunda aportando fondos, ha de ser la segunda recibiendo esos mismos fondos.
Traducido: se anula la solidaridad.
La trampa es aún más visible si se coge el dato concreto. Cataluña es, medido en términos de balanzas fiscales, la segunda comunidad en aportación de fondos netos: 2.168 millones de euros. Pues bien, la segunda en recepción de fondos es Canarias, que percibe 3.683 millones. Pues bien, según la regla incluida en el pacto, si se le exigiese a Cataluña aportar los 2.168 millones de euros, tendría derecho a exigir 3.683 millones. Es decir, lejos de pagar recibiría y más.
La segunda trampa
La segunda de las trampas es similar, pero aplicada a las inversiones del Estado en Cataluña. El texto del acuerdo también recoge que lo que pida la Generalidad en materia de inversiones será evaluado por un organismo paritario donde, de forma plenamente expresa, se cambiarán votos por más dinero. Y sólo Cataluña disfrutará de este mecanismo a espaldas del Parlamento nacional. El texto del acuerdo recoge expresamente un régimen de "TRANSITORIEDAD", hasta que la entrega del 100% de los impuestos a Cataluña se haya materializado. "Mientras se produzca el despliegue del nuevo modelo de financiación descrito en este documento se llevarán a cabo las siguientes acciones", señala.
Ahí se confirma ya un "incremento sustancial de recursos: incrementar los recursos derivados de la evolución de las necesidades del Estado del Bienestar y compensar los desequilibrios que se han producido en la vigencia del actual modelo". Y añade lo siguiente: "Consorcio para las inversiones: para hacer frente al déficit de inversiones en Cataluña y la baja ejecución de las inversiones previstas, se constituirá un Consorcio paritario Estado-Generalitat. Su objeto será la gestión y ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña. Se definirá un marco plurianual de financiación en el Convenio de creación del Consorcio en el que se tenga como referencia, para dotarlo presupuestariamente, a la media de inversión pública sobre el PIB en el conjunto del Estado. Es decir, se establecerá la financiación para el Consorcio en una cifra equivalente a la aplicación de la ratio sobre el PIB que se presupuesta". Es decir, el acuerdo incluye un segundo cupo, en esta ocasión para las inversiones. Porque, aunque Cataluña tenga mejores infraestructuras que el resto no podrá recibir inversiones anuales por debajo de la media y sí podrá recibirlas superiores a esa misma media a petición y negociación del separatismo a cambio de apoyo político a Sánchez.