Han pasado cinco meses de la polémica carta a la ciudadanía que el presidente del Gobierno publicó en redes sociales tras iniciarse la investigación contra su mujer, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
En aquella carta, tras la cual canceló su agenda durante cinco días para meditar su futuro, amagando incluso con dimitir, Sánchez culpó a algunos medios de comunicación, que a su juicio son "la máquina del fango", de promulgar "bulos" y "desinformaciones" contra su entorno lanzando a modo de "cortina de humo", según el Partido Popular, su plan de regeneración democrática para tapar los casos de corrupción en los que está envuelto su entorno.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños y de Cultura, Ernest Urtasun han sido los encargados de consensuar con el resto de grupos parlamentarios una senda común. Sin embargo y pese a que todavía se desconoce el contenido concreto de ese plan, los socios de investidura de Sánchez, que miran con recelo este documento después de que se haya guardado en el cajón durante meses, consideran que medidas como la Ley de Seguridad Ciudadana, la de secretos oficiales y la reforma del delito de injurias a la Corona deberían incluirse en el paquete de medidas.
Un plan dictatorial
No obstante, Sánchez puso el foco en la defensa de la libertad de prensa durante la primera reunión del curso político del Grupo Socialista en las Cortes. Para el Partido Popular este planteamiento, al que se niegan tajantemente, se basa en la continua fijación del presidente del Gobierno por controlar a la prensa para que no publiquen informaciones que incomoden al Ejecutivo Central.
Los de Feijóo están dispuestos a confrontar contra el plan de Sánchez que se "asemeja a lo que hacen países a los que este Gobierno tiene alergia de calificar como dictaduras" en referencia al régimen chavista de Nicolás Maduro.
"Sánchez no es quién para repartir licencias de medios de comunicación ni carnés de buen periodista en función de lo que escriban o digan sobre su persona", deslizan fuentes populares después de que el pasado mes de julio, Sánchez prometiera regar con 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios al tiempo que anunciaba límites en la financiación pública buscando el control de la prensa crítica.