El Gobierno aprovecha el error de trámite del juzgado para incrementar sus ataques contra el juez Juan Carlos Peinado que instruye el caso máster en el que está imputada la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. En el Ejecutivo obvian que la responsabilidad en la gestión de los expedientes y comunicaciones con otros tribunales, como es el caso de la Audiencia de Madrid que es la que tendría que acotar o archivar el caso, depende del Letrado de la Administración de Justicia y aprovechan para sembrar dudas sobre el magistrado.
"Ya nada sorprende a nadie", aseguraba la portavoz, Pilar Alegría, quien acusaba al magistrado de llevar "seis meses de instrucción pedaleando en la nada". La ministra enmarcaba la imputación de la mujer de Pedro Sánchez en una "campaña política de acoso y derribo" con una "denuncia formulada con recortes de prensa". "Estamos seguros que la justicia y la verdad pondrán las cosas en su sitio", auguraba Alegría, esperando a que la Audiencia de Madrid falle a favor de Begoña Goméz.
Los ataques de Alegría contra Peinado eran avalados por el ministro del Interior y magistrado en la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska. El todavía juez no condenaba los ataques contra su colega de profesión e incluso justificaba la cacería política del Gobierno en aras de la "salud democrática" y afirmando que "cualquier resolución puede ser objeto de la crítica" y poniendo como única condición "la educación institucional"
Comisión contra los medios
Las declaraciones de los ministros se producían sólo unas horas después de la primera reunión de la llamada "Comisión Interministerial del Plan de Acción por la Democracia". Alegría lo defendía para empezar a desarrollar "las 31 medidas hasta el año 2027" y para "mejorar la democracia y la transparencia".
La idea del Ejecutivo es encargar a la CNMC el control de los medios. En este registro se definirá "qué es un medio de comunicación" y se incluirá "información pública" sobre los dueños y la inversión publicitaria que reciben. El proyecto presentado hace dos semanas por el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, también pretende poner "límites" a la financiación pública.
Al frente de la Comisión Interministerial está el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños y el el Secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, quien ha aumentado el control de las preguntas durante las ruedas de prensa posterior al Consejo de Ministro. Un ejemplo es el de Libertad Digital, que lleva más de un año y medio vetado en los turnos de preguntas.
En la Comisión también están la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo y el ministro para la Transformación Digital y de la Función pública, Óscar López..
Según el Gobierno, se reunirán, al menos, una vez al trimestre "con el objetivo de impulsar y coordinar las medidas, hacer un seguimiento de las propuestas y actuaciones y sugerir mejoras". Todo bajo el eufemismo de "ampliar, mejorar la calidad de la información gubernamental" y "fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad de nuestro ecosistema informativo".