La nueva denuncia que se acumula contra Begoña Gómez, en este caso por intrusismo profesional, viene acompañada de pruebas irrefutables. Así lo defiende su máximo promotor: en origen, el presidente del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, que ya el pasado mes de junio remitió a sus superiores el pliego de prescripciones técnicas de la licitación del polémico software de la Universidad Complutense de Madrid destinado a medir el grado de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
Tal y como se puede comprobar en el documento al que ha tenido acceso Libertad Digital, la firmante es la mujer del presidente del Gobierno, a pesar de carecer de la titulación requerida para ello. De ahí que, tras la pasividad del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática (Conciti) y del Consejo de Madrid, que es el que a priori tendría potestad para ejercer acciones legales, Manos Limpias haya asumido como propia la denuncia.
"Nosotros habíamos decidido dar cierto margen para ver si actuaban y si no, estábamos dispuestos a hacerlo nosotros a pesar de que el ámbito de actuación no nos compete, pero entendemos que, con el paso que ha dado Manos Limpias, ahora ya no va a quedar impune", asegura Pedro de la Torre, quien insiste en que el intrusismo es más que evidente. "Esta corporación no tiene constancia alguna de que Begoña Gómez posea titulación oficial habilitante para el ejercicio en la Ingeniería Técnica en Informática, que es quien tiene la competencia exclusiva para la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas, tal y como aparece en la titulación oficial habilitante del Grado, como se recogió en su día en el BOE y como se puede consultar en nuestra página web", advierte.
Tal y como ya explicó en su día a este periódico, lo normal es que haya dos pliegos, el de condiciones, "que eso sí lo suele firmar personal administrativo, un político o quien sea el responsable" y el pliego de prescripciones técnicas, que es el que impone las restricciones basadas en criterios técnicos objetivos. "Eso es evidente que lo tiene que firmar el técnico de turno. Es como si yo firmo el pliego técnico de una obra del AVE... ¿Qué formación tengo yo para avalar eso?", ponía entonces como ejemplo.
El pliego firmado por Begoña Gómez
La licitación para el mencionado software se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11 de septiembre de 2023 y, efectivamente, el pliego de prescripciones técnicas aparece firmado exclusivamente por Begoña Gómez con fecha del 25 de julio, es decir, dos días después de las elecciones que servirían para que Sánchez siguiera en la Moncloa.
En él se explica que la universidad tiene un proyecto tecnológico de medición de impacto para pymes y se aclara que "la empresa adjudicataria se ocupará de dar apoyo a la implementación del mismo mediante las tecnologías más adecuadas, así como de coordinar y planificar la implementación de los procesos de la herramienta".
La mujer del presidente del Gobierno advierte de que "se trata de un proyecto ambicioso y complejo con multitud de actores y multitud de retos a nivel de concepto y a nivel tecnológico", una afirmación que, según De la Torre, ya choca de lleno con que sea ella —que ni siquiera posee una titulación universitaria homologada— la que determine cuáles son las prescripciones técnicas que deben cumplir las empresas que se presenten al concurso. Sin embargo, es su firma digital la única que aparece reflejada al final de este documento de cuatro páginas, en el que se especifican tanto las prestaciones mínimas que debe cumplir el adjudicatario, como la experiencia y el equipo necesario.
Un escándalo de principio a fin
El polémico software de la Complutense es uno de los escándalos más turbios que salpican a la mujer del presidente del Gobierno. De hecho, la propia Audiencia Provincial de Madrid ha avalado que el juez Peinado continúe con esta parte de la investigación, a pesar del recurso presentado por la Fiscalía para tratar de frenarla.
Tras ser nombrada codirectora de un máster y una cátedra sin tener titulación universitaria, Gómez logró convencer a Indra, Telefónica y Google para crear de manera totalmente altruista esta aplicación para que las pymes pudieran medir el grado de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Las tres empresas invirtieron 150.000 euros, pero, ante el temor a un posible conflicto de intereses, todas ellas decidieron retirarse del proyecto en 2023, lo que llevó a la Complutense a convocar un concurso público para que fuera otra compañía la que terminase el trabajo que ellas habían empezado.
La licitación la terminó logrando Deloitte, pero lo curioso de todo este asunto es que Begoña Gómez decidió registrar la aplicación a su nombre e incluso creó una empresa para poder explotarla. Casualmente, hace unos días saltaba la noticia de que la página web de dicha empresa ha sido borrada, por lo que las acusaciones populares han solicitado al juez que abra una pieza separada para investigar este "borrado", alertando de que podría tratarse de un intento de "eliminar pruebas que pudieran ser de especial interés en las presentes diligencias".