Más problemas judiciales para el Gobierno. Ahora desde el flanco del caso del hermano del presidente del Gobierno -por cinco presuntos delitos-. La juez Biedma intentó recabar información para certificar si David Sánchez había cometido un delito contra la Hacienda Pública por no pagar impuestos en España asegurando que era residente portugués. Hacienda contestó con un informe anónimo, sin sello y de argumentación insostenible. La juez reclamó el nombre de los autores. Y más allá de lo impresentable del sainete -con olor a nula colaboración con la Justicia, nada menos que de Hacienda- resulta que uno de los nombres incluidos como autores nunca debería haber estado por ser un cargo de designación evidentemente político: el de la delegada especial de la AEAT en Extremadura.
Fuentes de la Agencia Tributaria consultadas por Libertad Digital han confirmado esta irregularidad y afirman que "es extrañísimo" que un informe así lo firme un "cargo con claro tinte político, para empezar porque huele a kilómetros a la existencia de un control político. Y hay pocos cargos por encima que puedan dar una orden a una delegada especial", añaden.
Hacienda intentó colar un informe totalmente exculpatorio que carecía de la más mínima base y hasta firma. La exigencia de responsables por parte del Juzgado llevo a que Hacienda tuviera que señalar tres nombres: la inspectora regional de Extremadura, María Encarnación Cabezas Martín; el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura, Emilio Hurtado Valiño; y la delegada Especial de la Agencia Tributaria de Extremadura, Clara Isabel Santos Diéguez. Pues bien, fuentes de la Agencia Tributaria (AEAT) han expuesto su enorme perplejidad por ver un cargo de marcado tinto político como un delegado especial en ese listado.
Por si fuera poco, los tres supuestos autores del informe firmaban de "forma conjunta", todos ellos aseguraban haberse encargado de "la consulta de los datos que constan en las bases de datos de la Agencia Tributaria" sobre David Sánchez, "del análisis de los mismos" y del resultado de sus leves pesquisas.
Para colmo, un escrito de 2 páginas firmado por la misma delegada especial de la Agencia Tributaria en Extremadura, Clara Isabel Santos, subrayó que el informe que en principio daba la razón a David Sánchez se limitó a una consulta en las bases de datos de Hacienda sin haber efectuado una investigación formal. Dicho escrito, este sí firmado, fue remitido después de que la magistrada solicitara que se identificara con nombres y apellidos al autor del informe que negaba las supuestas irregularidades fiscales de David Sánchez.
Hacienda afirma en su documento que "el 20 de junio de 2024 se remitió a la Agencia Tributaria oficio del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz en cumplimiento del auto del 18 de junio por el que se solicitaba determinada información a este organismo. No encuadrándose el requerimiento recibido ni como informe de delito fiscal, ni como auxilio judicial, se tramitó como una petición de cesión de información no estructurada regulada por el Convenio supra citado". De esta forma, la Agencia Tributaria reconoce que el informe que exoneraba a David Sánchez en realidad se limitó a una consulta de los datos de Hacienda, sin que se llevara a cabo una inspección como tal.
A continuación, la delegada especial de la Agencia Tributaria en Extremadura apunta que "que la consulta de los datos que constan en las bases de datos de la Agencia Tributaria sobre don David Sánchez Pérez-Castejón, el análisis de los mismos y las conclusiones recogidas en la información remitida han sido realizados de forma conjunta por la Inspectora Regional de Extremadura (María Encarnación Cabezas Martín) y por el Jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura (Emilio Hurtado Valiño), correspondiendo su coordinación a la Delegada Especial de la AEAT de Extremadura (Clara Isabel Santos Diéguez)".