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Begoña Gómez se mete en otro lío: cita a declarar a la gestora de la Complutense que alertó de sus contratos sin control

La defensa de Begoña Gómez intenta justificar sus gestiones con Moncloa, pero los correos aportados la incriminan al revelar contratos irregulares.

La defensa de Begoña Gómez intenta justificar sus gestiones con Moncloa, pero los correos aportados la incriminan al revelar contratos irregulares.
Begoña Gómez, en una imagen de archivo. | LD/ Agencias

La defensa de Begoña Gómez da tumbos. Si la semana pasada incorporaba a la causa unos correos de la mujer del presidente que acreditan que, efectivamente, usó a Cristina Álvarez, la directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, para sus negocios en la cátedra de la Complutense, ahora se descubre que una de las personas que ha citado como testigo para confirmar que la Complutense estaba al corriente de sus prácticas es justo una de las que alertó de que estaba contratando sin cumplir los controles exigidos en la Universidad Complutense.

Se trata de la gerente y fue una de las primeras en señalar por escrito su queja porque, como afirmó, "este Centro desconoce el procedimiento seguido para la contratación de estos servicios, ya que no ha sido tramitado a través de la Sección de Asuntos Económicos ni de la Gerencia de la Escuela de Gobierno, sin constar más documentación que la adjunta al expediente".

La petición de la defensa

La procuradora de Begoña Gómez y su abogado, Antonio Camacho, han solicitado al juzgado del magistrado Peinado que "se cite a declarar en calidad de testigo a la persona que firma ambos correos, Dª Maria Jose Sánchez Rosales de la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM, cuyos datos aparecen en el pie de firma de ambos correos".

La petición hace referencia a los correos aportados por Begoña Gómez para demostrar que la universidad estaba al corriente de sus prácticas. Y, sí, debían estar al corriente, al menos algunos, porque la persona citada es una de las que alertó por escrito de que no se estaban respetando los trámites y controles en la contratación de la mujer del presidente.

Sánchez Rosales fue la persona que escribió lo siguiente en la "memoria justificativa" depositada en la Complutense: "La Directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva conforma la factura n° FR10202302001902, de fecha 14 de abril de 2023, emitida por la empresa MAKING SCIENCE GROUP, S.A., correspondiente a los servicios de desarrollo de la plataforma de impacto social. Este Centro desconoce el procedimiento seguido para la contratación de estos servicios, ya que no ha sido tramitado a través de la Sección de Asuntos Económicos ni de la Gerencia de la Escuela de Gobierno, sin constar más documentación que la adjunta al expediente".

La nota se incluyó con firma digital y con el nombre y cargo expreso: "LA GERENTE. María José Sánchez Rosales".

Correos incriminatorios

Hay que recordar que Begoña Gómez ha aportado recientemente varios correos electrónicos al titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que, en la práctica, la incriminan por recurrir a una asesora de Moncloa para llevar a cabo gestiones de su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En los correos, la asesora de Presidencia del Gobierno, Cristina Álvarez, figura entre los destinatarios de los mensajes que la Complutense envió a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre los años 2022 y 2023. No obstante, en el sumario ya figuran otros correos electrónicos que incriminaban a Begoña Gómez por estos mismos hechos. La novedad radica en que estos nuevos indicios han sido aportados por la propia esposa de Pedro Sánchez.

Contradicciones en la estrategia de defensa

La defensa de Gómez que lidera el exministro socialista Antonio Camacho pretendía demostrar con dichos emails que Gómez solo firmó "el pliego de prescripciones técnicas" del software que se desarrolló para su máster en la Complutense porque "así se lo indicó expresamente" la universidad. No obstante, los mails prueban, también, que se sirvió de la directora de programas de Presidencia del Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, para estas gestiones de carácter netamente privado.

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