La investigación de la filtración de los datos del novio de Ayuso vuelve a poner en la picota al Fiscal General del Estado; en esta ocasión, a cuenta del uso de recursos públicos para su defensa. En un comunicado remitido este lunes, la Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho reclama a Álvaro García Ortiz que contrate a un abogado particular que le represente en la causa que sigue en el Tribunal Supremo, en lugar de utilizar los servicios jurídicos que pagamos todos.
En este sentido, el colectivo -creado recientemente para "restaurar la imagen de la institución" deteriorada desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa- defiende que "los hechos ya constatados durante la instrucción del proceso (…) patentizan que, con independencia de la calificación legal de su conducta, cosa que solo incumbe a los órganos judiciales, no concurren los requisitos legales necesarios para que la Abogacía del Estado se haga cargo de su defensa".
Así, la Asociación recuerda que su propio reglamento establece que la defensa de esta institución "solo se preste para amparar conductas reconducibles al legítimo ejercicio por el investigado de sus funciones". Sin embargo, la polémica filtración "tendría carácter estrictamente personal y sería ajena, pues, al legítimo desempeño de sus funciones que exigen tales normas".
Además, los Abogados de Estado advierten del "conflicto de intereses" que se puede generar entre la defensa del Fiscal General del Estado y una instrucción ejecutada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), formada, por tanto, por funcionarios del Estado; "por no hablar de la posibilidad de responsabilidad civil subsidiaria del Estado e hipotética condena en costas a cargo de fondos públicos".
Por todo ello, la nueva asociación reclama a García Ortiz que rectifique y opte por ejercer su defensa "a través de un abogado de su libre designación", lo mismo que, a su juicio, debería hacer también la Fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Doña María Pilar Rodríguez Fernández, "dada la identidad de circunstancias". A esta última le recuerdan, además, que, incluso aunque ella se hubiera limitado a cumplir órdenes el "deber" de todo funcionario público es "plantearse el cumplimiento de órdenes ajenas al legítimo desempeño de sus funciones".
Una asociación para plantar cara al Gobierno
La Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho se constituyó el mes pasado con el objetivo de erigirse en un "foro de pensamiento y participación abierto" de carácter no sindical -a diferencia de la mayoritaria Asociación Profesional de Abogados del Estado (APAE)–, que permita restaurar la imagen de una institución degradada desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, adoptando posicionamientos "con mayor libertad de criterio y expresión de las permitidas por dicha función". Su pretensión, por tanto, no es ser considerado como un grupo profesional, sino como "institución centenaria y tradicionalmente reconocible por sus valores fundacionales y, entre ellos, y fundamentalmente, la defensa del Estado de Derecho", controlando al poder y garantizando los derechos de los ciudadanos.
En su afán de colonizar todas las instituciones, el Gobierno ha utilizado a la Abogacía del Estado en no pocas ocasiones. Los promotores de esta asociación aseguran que todo comenzó en 2018, cuando la Abogacía del Estado se vio obligada a borrar en el escrito de acusación del 1-O la palabra "violencia". Después, llegaría la acusación al Tribunal Supremo de emplear "criterios estrictamente políticos e ideológicos" al cuestionar la constitucionalidad de la Ley de Amnistía.
Sin embargo, en los últimos meses, los ejemplos han sido diversos y muy numerosos. Entre ellos, mencionan la orden dada por el presidente el pasado mes de julio para querellarse contra el juez Juan Carlos Peinado por investigar a su mujer, Begoña Gómez. Según explican, la asociación mayoritaria no se atrevió a dar un golpe en la mesa para no poner en peligro los convenios económicos firmados. Por eso, creen que este nuevo espacio de diálogo, en el que, además, sus integrantes mantienen por ahora su anonimato, permitirá calibrar mejor el sentir de los letrados.