La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha decidido prorrogar los presupuestos autonómicos de 2024, dada la falta de apoyos parlamentarios que tiene en la actualidad, con el objetivo de poder ganar tiempo para negociar con los distintos grupos. La decisión, que se consumará el viernes en Consejo de Gobierno, se anunciaba después de semanas muy convulsas en las que la relación PP-Vox ha quedado muy erosionada, con la lengua como principal foco de conflicto.
El choque se remonta a una votación parlamentaria en la que los de Prohens apoyaron por error un paquete de enmiendas a la Ley de Simplificación Administrativa que presentó Vox y que, entre otras cosas, pretendían equiparar el español y el catalán como lenguas vehiculares. Sin embargo, un error en la redacción del texto presentado por los de Abascal provocaba que pudiera ser eliminado el catalán como lengua vehicular, lo que era rechazado por los de Prohens, que tenían intenciones de tumbar las 34 enmiendas pero que, por un fallo humano, votaron a favor de estas propuestas.
La posible indiscreción que dinamita las negociaciones
En medio de las fricciones y de la presión de Vox, que se aferraba a la posibilidad de lograr sacar adelante todas sus iniciativas, la presidenta balear decidía convocar, el pasado fin de semana, a los alcaldes del PP en las islas para jugar con la baza de una posible convocatoria anticipada de elecciones que pusiera nerviosos a los de Abascal. Varios ediles, conscientes de que no se juegan nada con unas elecciones autonómicas, pedían encarecidamente a Prohens que rompiera con Vox y apretara el botón electoral, a lo que los de Abascal respondían invitándole también a cumplir con el órdago.
En este contexto de máxima tensión política, Vox sorprendía este martes anunciando a primera hora del día que el PP se abría a negociar un acuerdo en materia lingüística, lo que era rápidamente desmentido por los de Prohens, en lo que parece más una reacción airada a una negociación de carácter discreto y que los de Abascal habían decidido hacer pública, según confirman diversas fuentes. El objetivo sería intentar enmendar el error de redacción en las enmiendas de Vox para no eliminar el catalán como lengua vehicular.
Para meter más leña al fuego, tras el anuncio de Vox, el PP confirmaba un acuerdo con la izquierda del PSIB y Més para no derogar la Ley de Memoria Democrática a cambio de que se abstengan en un nuevo decreto que echaría por tierra las enmiendas de Vox. El Pleno de este martes arrancaba en este clima de incertidumbre, con las negociaciones cruzadas entre los grupos todavía en el aire.
Finalmente, los de Prohens retiraban de la sesión el punto que iba a derogar la Ley de Memoria Democrática, y que había sido acordado con Vox, y anunciaban la retirada del proyecto de presupuestos, provocando la prórroga de las cuentas en vigor, lo que no obsta para para que la negociación se retome en 2025 y en febrero presenten unas nuevas cuentas públicas, con las posiciones de los grupos enrocadas, aunque teniendo en cuenta la debilidad de los de Abascal por contar con un grupo completamente dividido.
La debilidad de Vox para negociar
Una baza con la que juega el PP para ejercer más presión. Los populares suman 25 escaños, los mismos que toda la izquierda junta. A este número hay que añadir el diputado de Formentera que se presentó en coalición con el PP, lo que hace un total de 26. Vox logró 8 escaños en las autonómicas, pero dos de sus diputados abandonaron el grupo, dejándole con 6.
El PP contaría con el apoyo de los dos exdiputados de Vox y podría acabar negociando con otros dos muy críticos con la dirección nacional de Abascal, y a los que una convocatoria electoral dejaría sin escaño. En caso de que los populares logren su apoyo, sumarían los 4 necesarios para la absoluta sin necesidad de dar satisfacción a la demanda de Vox. El juego de amenazas y presiones cruzadas es más de carácter político que ideológico, en un territorio cuya gobernabilidad quedó gravemente tocada en el momento que el grupo de Vox se rompió en tres facciones.