El Gobierno vuelve a desdecirse. Tras asegurar que no aprobarían un decreto ley para repartir a los más de 5.000 menores inmigrantes varados en Canarias por la "inseguridad jurídica" que podría generar, ahora no lo descarta y es una de las opciones que está sobre la mesa.
Así se lo ha transmitido Ángel Víctor Torres al presidente canario, Fernando Clavijo. Tras su reunión, el Gobierno central se ha comprometido con el archipiélago a tener en un plazo de diez días el "texto cerrado" para el reparto puntual y extraordinario de menores inmigrantes no acompañados entre las comunidades autónomas.
Los detalles los transmitía más tarde, a la salida de un desayuno informativo de Óscar Puente, el propio Torres. "Veremos cuál es la fórmula viable, un decreto ley o una proposición de ley. Según lo que digan los servicios jurídicos", ha detallado el ministro de Política Territorial, quien ha añadido que, a continuación, buscarán "los apoyos parlamentarios".
De las fórmulas que ha detallado, a Coalición Canaria le convence más la del decreto ley porque se iniciaría el reparto una vez que se apruebe en el Consejo de Ministros. El problema es que, si el Gobierno no consigue los apoyos parlamentarios para su convalidación en un plazo máximo de un mes, decaería, desatando un caos.
De ahí que el Gobierno siempre se haya negado a esta fórmula por la "inseguridad jurídica" que podría desatarse. "Un decreto ley que no se convalida en el Congreso de los Diputados queda invalidado, por eso hemos acordado pedir los apoyos", admitía el propio Torres cuando se le preguntaba por el cambio de opinión.
Sin apoyos cerrados
Moncloa suele pedir el respaldo del PP, al que carga con toda la responsabilidad, pero obvia que es su socio, Junts, el que se niega a respaldar este reparto. De ahí que el Gobierno acuda a pedir el respaldo parlamentario del principal partido de la oposición. De momento, ni el PP ni Puigdemont están por la labor. En el Ejecutivo admiten que han "vuelto a retomar las negociaciones con Junts", pero no tienen nada cerrado.
"Cualquier iniciativa tendrá que ser aprobada en el Congreso", explicaba Torres. En el caso de una proposición de ley, firmada por los grupos, la tramitación sería más rápida que la de una iniciativa firmada por el Gobierno. Esta fórmula ya se experimentó con una proposición firmada por el PSOE y Coalición Canaria para reformar el artículo 34 de la ley de extranjería, que fue rechazada por el Congreso y, por tanto, no se pudo iniciar el reparto. "Si el PP, en el verano de 2024, la hubiese admitido a trámite, esos niños ya estarían repartidos por el territorio", reprochaba Torres.
Vox en contra
Los de Santiago Abascal ya adelantan que votarán en contra de cualquier iniciativa que conlleve un reparto de menores inmigrantes. La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán se ha mostrado tajante contra las "políticas de puertas abiertas" que pretende aplicar el Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, alertan de la inseguridad en las calles que sufren los españoles como consecuencia de las políticas del Gobierno de coalición.
Vox reclama "ley y orden" seis meses después de romper con el Partido Popular en los gobiernos autonómicos que compartían. Defienden que "la realidad les da la razón" y atizan contra el Partido Popular a los que señala por estar "despistados" y hacer declaraciones contradictorias. "El PP tiene que hacer una reflexión de fondo sobre este asunto", ha aseverado Millán.
Los de Abascal exigen la devolución de estos menores no acompañados a sus países de origen y reclaman "voluntad" por parte del Gobierno de Sánchez para "localizar a las familias".