El Gobierno se conjura para evitar una legislatura empantanada y suplica a Junts que vuelva a negociar

Como en esos accidentes de tráfico. Aquí no ha sucedido nada. Circulen. Moncloa y Ferraz prefieren obviar las últimas amenazas de Carles Puigdemont. Ni una crítica a las declaraciones del líder de Junts pese a que ha prometido suspender "las negociaciones" con el PSOE y no hablar de los Presupuestos.

En el Gobierno responden al envite prometiendo más diálogo. Toda una invitación formal para que los separatistas no rompan la baraja. "Somos capaces de sentarnos con quien piensa diferente, llegar a acuerdos y consensos y superar cualquier discrepancia. Y eso lo vamos a hacer con Junts y con cualquier otra fuerza política", aseguraba el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. En esa línea, la vicepresidenta, María Jesús Montero, mostraba su "respeto por la posición de Junts", pero le pedía sentarse de nuevo para reconducir la situación.

Esa será la receta con Puigdemont: seguir negociando. En el PSOE ya admiten que, en breve, el secretario de organización, Santos Cerdán, irá a Suiza a reunirse con la cúpula de Junts. Nadie comenta más. La fórmula sigue siendo "discreción" hasta que se alcance algún tipo de acuerdo.

En el Gobierno saben que, para Puigdemont, es clave la aplicación de la ley de amnistía. Todavía queda la decisión del Tribunal Constitucional, aunque, como guiño, ya se ha apartado al juez conservador Macías, con una polémica recusación, para asegurarse de que la votación será holgada a favor de su constitucionalidad. Queda por ver si el Supremo presenta las cuestiones prejudiciales ante el TJUE.

Sin foto... de momento

Lo que parece que tendrá que esperar es la foto de Sánchez con Puigdemont. En el Ejecutivo la enmarcan una vez que la ley de amnistía esté activa, y no se prevé que la instantánea sea inminente o a corto plazo. Pedro Sánchez y Puigdemont ya coincidieron cuando el presidente del Gobierno acudió al Parlamento Europeo, pero no charlaron. Tampoco sucedió la instantánea durante el último Consejo de Europa, que finalizó un jueves por la tarde, pero Sánchez decidió quedarse unas horas más en Bélgica, liberando su agenda durante el viernes.

El mayor riesgo es el de una legislatura empantanada. Sin acuerdos notables, sin leyes de renombre y sin Presupuestos. En el Gobierno llevan varios días dejando caer que no sería ninguna catástrofe prorrogar de nuevo las cuentas de 2023, que ya se extendieron durante todo 2024. "Lo importante es gestionar el dinero", señalan en el Ejecutivo, que restan importancia a una nueva extensión de los Presupuestos, pese a que Sánchez adelantó las elecciones en 2019 porque ERC se negó a aprobarle las cuentas.

Ahora, en el Gobierno se comparan con los Ejecutivos autonómicos del PP en minoría, como Aragón o Baleares, que acabar de recurrir a una prórroga presupuestaria tras la salida de Vox. Lo que obvian es que, al menos en 2024, gobernaron con unos Presupuestos elaborados al principio de la legislatura. Algo que Sánchez no parece que vaya a conseguir. Aún así, la idea de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es intentarlo y, al menos, presentar el gran libro de Presupuestos, aunque luego sea tumbado por el Congreso.

Algo que, durante el año pasado, declinó porque aseguraba que "no había un clima favorable" para sacarlos adelante. Tampoco parece que el Gobierno pueda aprobar algunas de sus promesas estrella durante los últimos días, ni en materia de vivienda, para aprobar deducciones o subir impuestos, ni la Proposición de Ley para reformar las acusaciones populares. Sigue dependiendo de Junts para todo.