
La relación de Sánchez con Puigdemont empieza a parecer el Dragon Khan. Unas veces suben a toda velocidad; otras, bajan y, cuando parece que se van a estampar contra el suelo, vuelven a elevarse. Los postconvergentes parecen haber olvidado el macizo de Monserrat y ahora prefieren peregrinar a montañas rusas.
La semana pasada en el entorno monclovita se respiraba hasta cierta euforia tras llegar a un acuerdo con Junts sobre el decreto ómnibus, o más bien minibus. Los de Puigdemont no se cerraban a un acuerdo pero ponían como condición el traspaso de las materias de inmigración así que a los ministerios les ha tocado rescatar la carpeta de negociaciones pendientes. Lo que no se imaginaban en el Gobierno es que las conversaciones iban a seguir enconadas.
Desde hace tiempo, los de Junts han puesto como condición el traspaso total incluyendo la gestión de fronteras. Esto está especificado en el artículo 149 de la constitución que menciona de forma expresa las competencias de emigración y emigración. Además de problemas de constitucionalidad, tienen otra complicación: el Frontex. Los Gobiernos nacionales se coordinan entre ellos pero no reconocen como interlocutor de esta agencia comunitaria a los Ejecutivos regionales.
En Moncloa tienen una serie de líneas rojas y la gestión de fronteras está entre ellas. Incluso han dejado caer que podrían estar dispuestos a que los Mossos gestionasen determinadas ámbitos fronterizos, como el control de pasaportes, pero siempre en coordinación con la Policía Nacional. No sería un traspaso sino una colaboración mutua.
De momento, Junts ha elevado el tono y ha subido la apuesta al pedir que se se le den las competencias para expulsar inmigrantes. Una declaración con la que buscan frenar sangría de votos hacia Alianza Catalana, el partido de la alcaldesa de Ripoll, que quiere devolver a sus países a buena parte de los marroquíes que viven en Cataluña.
Junts ya ha advertido al Gobierno que sin el control "integral" de las competencias, lo que supone también el de las fronteras, no habrá Presupuestos y ya dejan caer su negativa a apoyar la reducción de la jornada laboral. Una declaración de intenciones en la semana en la que el Gobierno quiere hacer bandera de esta medida.
Nadie en el Ejecutivo ni en el partido quiere comentar el estado de las negociaciones. Siguen la máxima de "discreción en las negociaciones" y "transparencia en los acuerdos". A esa frase se remiten cuando se les pregunta pero en el partido no pueden ocultar cierto pesimismo, ya no son tan positivos como hace unos días.
Incluso rebajan las expectativas creadas hace una semana con su idilio con Puigdemont, que parecía el principio de un acuerdo de cara a los Presupuestos. Ahora, el "objetivo es presentarlos" y "el compromiso, negociarlos" . Lo cual dista de aprobar las Cuentas con el respaldo de la mayoría de la investidura. Ahora, sólo prometen negociarlas.