La declaración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante el magistrado del Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha dejado asombrado a medio mundo jurídico. La lista inacabable de desafíos e insultos al alto tribunal español resulta difícil de calificar como una estrategia defensiva. Más bien como todo un alegato para intentar justificar una supuesta indefensión y apelarla ante el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido para buscar una revocación de la decisión del Supremo. Todo un nuevo paso en el desafío al orden jurisdiccional español perfectamente medido.
Se entiende que el fiscal general imputado alegara que "las razones por las que entiendo que ese interrogatorio no puede llevarse a cabo son razones de índole procesal y de índole constitucional, que no pueden ser pasadas por alto en un interrogatorio de nada menos que del fiscal general del Estado", que "esta causa se inauguró con una diligencia de entrada y registro en el despacho del fiscal general del Estado y de la fiscal jefe de Madrid, diligencia insólita, nunca antes acordada y supone cuestionar la actuación de un órgano constitucional como es la función vertebradora del Estado social y democrático de derecho" o que "la presunta inconstitucionalidad de la prueba ocasiona que ni el fiscal general del Estado ni ningún otro fiscal imputado pueda ser objeto de interrogatorio".
Porque el fiscal imputado por filtrar información secreta del novio de Isabel Díaz Ayuso no se defendía ante el Supremo, sino que sentaba ya la argumentación que podrá usar Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional si acaba siendo condenado.