El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha imputado a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez que llevaba los negocios de la mujer del presidente y llegó a recaudar dinero para la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de Begoña Gómez. Su cargo real es el de directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno y sus funciones están delimitadas por una disposición de 2023. Y esa norma destaca que su función se tiene que limitar a cuestiones de asistencia al presidente del Gobierno o su gabinete. Y Begoña Gómez, obviamente, no forma parte de ese gabinete. Eso sí, ambas son amigas desde los tiempos en los que trabajaban en la empresa Inmark.
Peinado ha encontrado motivos para "dirigir la investigación, contra Cristina Álvarez Fernández, como posible partícipe en los hechos investigados, que pudieran ser constitutivos de un delito de Tráfico de influencias y de un delito de corrupción en los negocios". Y resulta obvio el motivo. Porque no es cierto que Cristina Álvarez cobre por ser asesora de Begoña Gómez. Más bien, todo lo contrario. Ella forma parte del gabinete de Presidencia del Gobierno, en el que no está la mujer del presidente, y, por lo tanto, cuando ella realiza gestiones ante patrocinadores, universidades, empresas y demás, ella lo hace como parte de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno de España, algo que, por supuesto, es recibido de una manera oficial por parte de sus interlocutores.