Poco después de las 8 de la mañana, Junts lanzaba la fumata blanca. Tras meses de disputa, el partido de Puigdemont pactaba con el Gobierno el reparto de los 4.400 menores no acompañados que están varados, en su mayoría, en Canarias. El objetivo es dejar que en el archipiélago dejen de estar hacinados y se repartan por el resto de la península pero con una nueva y controvertida métrica que hará que, según Junts, Madrid reciba más de 700 frente a los 20 o 30 de Cataluña. Todo, porque según fuentes separatistas, "se tendrá en cuenta el esfuerzo hecho a lo largo de los últimos años".
Unas cifras que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no ha desmentido desde Moncloa. "Entiendo que tendrán bien los números de su comunidad autónoma", ha deslizado para luego añadir que las cifras definitivas se conocerán a partir del 31 de marzo, cuando entre en vigor la nueva métrica que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes y que va aparejada a la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería.
Según esta modificación, será la Conferencia Sectorial de CCAA quien reparta los menores con una serie de criterios que pueden ser modificados pero que, en principio, incluyen el esfuerzo previo de cada autonomía además de otros variables como la población, que contará un 50%, o la renta per cápita, que será del 13%. Estos cambios están encaminados a beneficiar a las comunidades de PNV, Junts, ERC y Bildu. "No es capricho. Hay comunidades como Cataluña, País Vasco o Canarias que han hecho un esfuerzo mayor", ha terciado Torres en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El nuevo Real Decreto, que ahora tiene un mes para ser convalidado en Congreso, obliga al resto a aceptar el reparto cuando una comunidad autónoma se declare en estado de "contingencia inmigratoria". Esto es, cuando se multiplique por 3 su capacidad para acoger a menores. Un clausula que está ideada para Canarias, Ceuta o Melilla.
El Real Decreto obligará a CCAA a expedir unas "certificaciones" sobre el número de menas que tienen o su capacidad para acoger más. "Es la evidencia más fiable", ha añadido Torres que ha pedido "una foto real" y ha preguntado a las gobiernos autonómicos del PP: "¿Por qué no quieren enviar este certificado?"
Madrid y Andalucía se oponen
Lo cierto es que regiones como Madrid o Andalucía, que saldrán perjudicadas, ya han anunciado su oposición y han anticipado que irán a los tribunales. Lo que anticipa una larga batalla judicial. "Sánchez utiliza a los inmigrantes como arma política", ha asegurado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, mientras que el andaluz, Juanma Moreno, ha acusado a Moncloa de enviar a los inmigrantes "como paquetes de Amazon".
Unas palabras que eran respondidas por Torres. "¿Qué razones hay para oponerse?", ha preguntado mientras vinculaba al PP con el partido de Abascal. "Si no los acogen es que las amenazas de Vox han surtido efecto", ha asegurado obviando que, por ejemplo, el socialista Francisco Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, lleva meses oponiéndose a la construcción de un centro de menas en su localidad.
En un comunicado, la formación de Puigdemont ha defendido que este acuerdo se hace con "unos criterios justos y equitativos" y que incluyen "el peso poblacional". El castigo recaerá sobre aquellas que "hasta ahora no han acogido o han hecho un esfuerzo menor", lo que va contra la Comunidad de Madrid y otras gobernadas por el PP. Además, Cataluña "recibirá una compensación económica adecuada" por estar "por encima de la media".
El pacto llega sólo unas horas después del acuerdo en materia presupuestaria del presidente valenciano, Carlos Mazón, con Vox y que incluye oponerse a la acogida de menas. La reforma, que fue registrada por PSOE y Coalición Canaria, naufragó en el Congreso este pasado verano por la falta de respaldo de Junts y del PP. Los socialistas reprochaban a los populares que no la respaldasen pese a compartir ejecutivo autonómico en Canarias con los nacionalistas de Fernando Clavijo y de gobernar en solitario en Ceuta y Melilla, tres de los territorios que, según este cambio normativo, estarían en "situación de contingencia migratoria extraordinaria".