Mientras el Gobierno sigue condicionando su política de inmigración a los acuerdos con Junts, Sumar o el resto de socios que soportan a Pedro Sánchez en La Moncloa, las alertas en materia de entrada ilegal de extranjeros siguen llegando. La última, directamente de manos de la UE. Hasta Bruselas pide ya al Gobierno de España y el resto de países afectados por una entrada descontrolada de inmigración ilegal que aumente su tasa de retorno a los países de origen.
Se trata del último posicionamiento de la UE en materia de inmigración. Y choca ya, incluso, en contraposición con el descontrol que mantiene el Gobierno de Pedro Sánchez. La UE recuerda que la tasa de devolución de inmigrantes ilegales "se sitúa hoy en día en torno al 20 por ciento. Las personas con la orden de abandonar un país de la UE con frecuencia escapan de las autoridades". Y Bruselas considera que no puede seguir siendo así. "La Comisión Europea ha propuesto ayudar a los países de la UE a aumentar las tasas de retorno respetando plenamente los derechos fundamentales mediante el establecimiento de un sistema común de retorno de la UE. Esto complementará el Pacto de la UE sobre Migración y Asilo, que entrará en vigor a mediados de 2026 y permitirá que las solicitudes de asilo se procesen de manera más rápida y eficiente". Eso, sí, las denegaciones de asilo deberán ir acompañadas de devoluciones a sus países de origen, señala la UE.
"Reglas estrictas"
Las nuevas reglas comunes incluyen los siguientes puntos. En primer lugar, "procedimientos comunes para emitir decisiones de devolución y una Orden de Declaración Europea que se emitirá junto con una decisión nacional de devolución". También "el reconocimiento mutuo de las decisiones de devolución para permitir a los países de la UE hacer cumplir las decisiones de devolución emitidas por otros países de la UE sin tener que iniciar un nuevo proceso". Igualmente se incorporan "reglas claras sobre el regreso forzado mientras se fomentan las salidas voluntarias"; "obligaciones más fuertes para que los retornados cooperen con las autoridades nacionales durante todo el procedimiento de devolución, como la verificación de identidad y permanecer en el país"; Y "normas reforzadas para evitar movimientos no autorizados y permitir a los países de la UE localizar mejor a los retornados, con la posibilidad de solicitar informes regulares o residir en un lugar designado por las autoridades nacionales".
Todo se hará con "garantía de los derechos fundamentales" de los inmigrantes, señala la UE, pero también con "normas específicas para las personas que presentan riesgos de seguridad: los países de la UE comprobarán desde el principio si una persona presenta un riesgo de seguridad. Si lo hacen, se aplicarán reglas estrictas, incluido el retorno forzado obligatorio".
Dos puntos más son obligatorios para todos los países: "Garantizar que una decisión de retorno sea seguida sistemáticamente con una solicitud de readmisión al país de origen" y "centros de retorno: las nuevas normas hacen que sea legalmente posible que un país de la UE haga un acuerdo o arreglo para la devolución con un tercer país que respete las normas y principios internacionales de derechos humanos de acuerdo con el derecho internacional".
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