Los monitores del comedor del centro público Escola Institut Pintor Joan Miró, en Mallorca, están obligados a seguir un protocolo lingüístico que arrincona el uso del español. La empresa responsable del servicio, Lúdic Educació, impone a los trabajadores la firma de un "decálogo" en el que se establece que solo podrán utilizar el castellano "cuando el interlocutor no comprenda de ninguna de las maneras el mensaje en catalán". Incluso en esos casos, deben hacerlo "apartándose del grupo", es decir, sin que nadie más presencie el uso del español.
El documento califica el catalán como "la lengua propia de nuestra tierra" y lo define como "el comportamiento lingüístico institucional adecuado", lo que —según denuncia la asociación Hablamos Español— vulnera el principio de neutralidad institucional y entra en conflicto con sentencias del Tribunal Constitucional que han aclarado que ese tipo de expresiones deben entenderse solo desde una perspectiva histórica o cultural, no como justificación de una exclusión lingüística.
Nuevo ataque al español
El castellano, lengua mayoritaria entre los alumnos y las familias del centro —muchas de ellas procedentes de Hispanoamérica—, queda relegado a una posición marginal. Según el decálogo "En el supuesto de que los usuarios se dirijan a nosotros en lengua castellana, nosotros continuaremos hablando en catalán e intentaremos que ellos también lo hagan. Lo mismo hemos de hacer con padres, madres y tutores. Cambiaremos la lengua catalana por la lengua castellana en aquellos casos en el que el otro interlocutor no comprende de ninguna de las maneras nuestro mensaje".
Además, en situaciones grupales en las que alguien no entienda catalán, se instruye a los monitores para mantener la intervención en catalán y solo después traducir el contenido al castellano de forma individual. Es decir, se evita el uso del español como lengua de comunicación pública. El contenido del decálogo aparece recogido en el Proyecto Lingüístico de Centro -PLC- del colegio, lo que sugiere que la práctica cuenta con el aval de la dirección.
Este hecho ha sido denunciado formalmente por Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español, quien se ha dirigido por escrito a la Consejería dependiente del gobierno de Marga Prohens para saber si están al tanto de esta situación y si se trata de una práctica generalizada. "Este decálogo, excluyente, discriminatorio y denigrante para con las personas que tienen el español como lengua materna o de uso habitual, debe ser sustituido por unas instrucciones acordes con el respeto a la ley, a los niños y a la convivencia lingüística", concluyen desde la asociación.