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Todas las asociaciones de jueces y fiscales, contra Montero por cargar contra la presunción de inocencia

Montero aseguró el pasado fin de semana que es "una vergüenza" que la "presunción de inocencia esté por delante" de la palabra de una mujer.

Montero aseguró el pasado fin de semana que es "una vergüenza" que la "presunción de inocencia esté por delante" de la palabra de una mujer.
La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, interviene en el congreso del PSOE de Málaga, este domingo. EFE/Daniel Pérez | EFE

Todas las asociaciones de jueces y fiscales han publicado este lunes un comunicado conjunto en el que responden a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, quien este fin de semana subordinó el principio de presunción de inocencia al testimonio de una víctima, tildándolo de "vergüenza", en el marco de la sentencia que absolvió al exfutbolista Dani Alves.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales recuerdan que "la presunción de inocencia es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España", argumentan que "las resoluciones judiciales se adoptan tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente" y que estos comentarios pueden "socavar la confianza en nuestro sistema judicial".

En este escrito, las asociaciones resaltan que las palabras de Montero sobre la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no cumplen con el respeto a la independencia judicial, ya que, según los jueces, "es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial".

En este mismo sentido, los jueces y fiscales aseguran que cuestionar el principio de la presunción de inocencia como ha hecho la dirigente socialista "puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios", ya que la Justicia debe cumplir un equilibrio entre el respaldo a las víctimas y el respeto a los derechos fundamentales de los acusados. Por ello, el comunicado exige a los representantes públicos, haciendo hincapié en Montero, a que sean responsables con sus manifestaciones.

"Las críticas a resoluciones judiciales son legítimas, pero han de ser fundadas y contextualizadas ya que, de otro modo, pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y pone en peligro el Estado de Derecho", han recordado las asociaciones de magistrados y fiscales a Montero; que ha sido defendida por la delegada del Gobierno en Valencia y vicesecretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, que ha calificado la sentencia absolutoria de "difícil de digerir".

Las declaraciones de Montero

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, ha traspasado una línea más al haber asegurado el pasado sábado que la palabra de una mujer debía estar por encima de la presunción de inocencia, es decir, que cualquier hombre que fuese acusado por una mujer por un supuesto delito de índole sexual tendría que pasar automáticamente a ser considerado culpable.

"Es una vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos", espetó la líder del PSOE de Andalucía en un acto de partido el pasado sábado en Jaén.

Unas declaraciones que giraban en torno a la absolución del exjugador de fútbol Dani Alves, que anteriormente había sido condenado por un delito de acoso sexual. Algo que ha llevado a todas las asociaciones de jueces, ya sean tachadas de conservadoras o progresistas, a firmar un comunicado conjunto en el que se le exige a Montero respeto por la independencia judicial y por la presunción de inocencia de los acusados.

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