Un mail ha disparado la atención de los investigadores del caso Koldo-PSOE. Mientras se debate sobre el enchufe por duplicado de Jésica, la prostituta a la que José Luis Ábalos enchufó en dos empresas públicas, ese correo entre cargos de Adif –unas de las empresas públicas que favoreció el citado enchufe– ha desvelado que el número de personas contratadas en situación irregular puede ser inmenso.
"Según la información que nos habéis pasado, en 2025 el número de efectivos sin cobertura presupuestaria sería de 785. Es un tema serio al que en este momento no sé qué tratamiento se le puede dar". Esa es la frase y así se lo remitió uno de los empleados encargados de estos asuntos en Adif a Michaux Miranda, el director de Gestión de Personas de Adif, sociedad pública dependiente de José Luis Ábalos en el momento del inicio del enchufe de Jésica.
El mail en cuestión –al que ha tenido acceso Libertad Digital– fue remitido a Michaux Miranda el 5 de diciembre de 2023: "Hola Michaux, te mando las cuatro slides sobre temas de personal que hemos incorporado en la presentación de los PGE 2024. Si los datos de incorporaciones para 2024 y 2025 de la primera slide no son correctos necesitamos con urgencia que los corrijáis, ya que según la información que nos habéis pasado en 2025 el número de efectivos sin cobertura presupuestaria sería de 785. Es un tema serio que en este momento no sé qué tratamiento se le puede dar", señala el correo. Efectivamente, se trataba de un asunto muy serio. ¿Cómo se les pagaba si no había cobertura presupuestaria? ¿Cómo se controlaba su labor? ¿Cómo se justificaron sus puestos?
"Las últimas slides son un intento de comparar el incremento de contrataciones de Ineco y Tragsa versus el incremento de efectivos (las contrataciones de MRR no afectan aquí porque se consideran inversión y aquí se incluyen solo contratos de explotación). En mi opinión debemos profundizarse más en este tipo de análisis", añadió el correo en cuestión.
Las empresas donde estuvo enchufada Jésica
Da la casualidad de que justo Ineco y Tragsatec –filial de Tragsa– son las dos empresas en las que estuvo enchufada Jésica.
La UCO describió lo encontrado en estos enchufes de la siguiente manera: "Jésica se correspondería con Jéssica R. G., quien mantendría una relación particular con ábalos", señala la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). "Ésta, en las referencias halladas en los dispositivos electrónicos, era denominada como 'España' o 'Jésica 20 minutos'".
En el caso de España, la explicación hace referencia a la casa que se le pagaba, en la Plaza de España en Madrid. "Para contextualizar la posición de Jésica, y siguiendo con las evidencias halladas en la conversación de Koldo, el día 23 de febrero de 2021, éste recibe un pantallazo de Ábalos de una conversación mantenida con Jésica, en la que ella le recuerda que su contrato laboral expira en unos días", describe la UCO. "Koldo, conocedor de la circunstancia, le responde que 'hay que pasar a otro sitio y luego vuelve. Lleva 18 meses", y Ábalos le contesta: "Díselo", todo ello en referencia al contrato que tenía en vigor Jésica como auxiliar administrativa para Ineco, empresa de ingeniería dependiente del MITMA.
El MITMA era el ministerio de Ábalos, así que el sueldo es público y pagado con presupuestos públicos. "Dando continuidad a su situación laboral, Jésica firma el 2 de marzo de 2021 un nuevo contrato con la empresa pública Tragsatec, dependiente de la SEPI, por un período de 6 meses", señala el sumario del caso PSOE-Koldo. Y Tragsatec es una filial del Grupo Tragsa que depende directamente de la SEPI.
Delito de malversación de caudales públicos
La SEPI es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), "un instrumento estratégico en la aplicación de la política diseñada por el Gobierno para el sector público empresarial" e integrada en el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, el mismo departamento que se encargó mayoritariamente del rescate a Air Europa, empresa que tenía como asesor a Víctor de Aldama y que mantuvo reuniones con la mujer del presidente en la sede de Globalia en las fechas previas y posteriores al citado rescate.
Es más, la declaración de Jéssica Rodríguez ante el Tribunal Supremo ha certificado muchas cosas: los enchufes, la falta de labor real de los colocados en empresas públicas, la coordinación con la trama, etc. Y eso implica que José Luis Ábalos avanza posiciones en la investigación por un presunto delito de malversación de caudales públicos. De hecho, las declaraciones y la investigación de la UCO sobre Jésica ya no sólo salpican al que fuera número dos de Pedro Sánchez para todo y ministro de Transportes y Fomento, José Luis Ábalos. También salpican a la ministra de Hacienda María Jesús Montero en la trama Koldo. Y el entorno de Ábalos se ha encargado de deslizar un mensaje de forma intencionada: si le dejan caer él podría elevar la acusación "hacia arriba". Y arriba de Ábalos sólo había una persona: Sánchez.
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