La eurodiputada socialista Idoia Mendía, exlíder del PSE y exconsejera de Justicia del Gobierno vasco, ha protagonizado una nueva polémica en el Parlamento Europeo al rechazar una propuesta para declarar a policías, guardias civiles, militares y funcionarios de prisiones como profesiones de riesgo. Lo ha hecho con una afirmación que ha incendiado a los sindicatos policiales: "solo sufren agresiones de vez en cuando".
El episodio ha tenido lugar este miércoles durante una reunión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, donde se debatía un borrador presentado por el Partido Popular Europeo. Este texto, impulsado por la Confederación Española de Policía (CEP), busca reforzar la protección física y jurídica de los profesionales de la seguridad pública en toda la UE, ante el incremento constante de agresiones en los últimos años.
"Bochornoso y una falta de respeto intolerable"
Mendía –quien durante años vivió bajo escolta por la amenaza de la ETA– se ha mostrado contraria a la iniciativa. Ha afirmado que la directiva "no es necesaria", argumentando que "son muchos los sectores que sufren agresiones" y que no ve necesario "establecer una regulación específica" para los cuerpos de seguridad. La CEP ha calificado su intervención de "bochornosa" y "una falta de respeto intolerable".
Los datos, sin embargo, contradicen la postura del PSOE. En 2024 se registraron 16.878 agresiones a agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, la cifra más alta jamás registrada. Desde 2019, estos delitos han aumentado un 28,46%. Las agresiones en prisiones también se han disparado: 504 funcionarios penitenciarios fueron atacados en 2024, segundo peor dato histórico tras los 508 de 2023.
La CEP ha denunciado que el PSOE ha centrado su intervención en boicotear y deslegitimar la propuesta, desviando el foco del debate hacia conceptos genéricos como el "equilibrio entre seguridad y libertad". Según el sindicato, esto demuestra una desconexión absoluta entre el partido y la realidad que viven a diario más de 156.000 policías y guardias civiles en toda España.
Por su parte, la eurodiputada del PP Maravillas Abadía ha defendido la directiva como "una cuestión de justicia, coherencia institucional y responsabilidad política". La propuesta plantea una definición común europea de "profesión de riesgo", contempla jubilación anticipada sin penalización, cobertura psicológica, acceso prioritario a asistencia sanitaria y una protección jurídica reforzada frente a agresiones.
En resumen, mientras los datos oficiales constatan un crecimiento alarmante de los ataques a los cuerpos de seguridad, el PSOE se posiciona de nuevo en contra de reforzar su protección, provocando la indignación de sindicatos y asociaciones policiales que acusan al partido de haber cavado "el mayor abismo en décadas entre el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska y quienes se juegan la vida cada día en la calle".