El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado de 14 a 9 años de cárcel la pena a un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor de edad en tres ocasiones, en Álora (Málaga). La sentencia original lo condenaba por tres delitos distintos, pero el TSJA ha recalificado los hechos como un solo delito continuado de agresión sexual y ha aplicado la legislación más favorable al acusado gracias a la famosa "ley del solo sí es sí" o "ley Montero", impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.
Los abusos ocurrieron en 2020, en la barriada El Puente. El condenado, familiar cercano del padre de la víctima, aprovechó su cercanía con la familia para cometer los abusos cuando la menor tenía entre 14 y 15 años. En los dos primeros encuentros, en febrero y abril, le tocó el pecho y los glúteos por encima de la ropa. En el tercer episodio, a finales de ese año, la acorraló contra una pared y le introdujo un dedo en la vagina, causándole un daño físico y emocional significativo.
Como consecuencia, la menor desarrolló un trastorno de estrés postraumático agudo, con pérdida de peso, ansiedad y depresión, por lo que necesitó tratamiento durante 90 días, de los cuales 60 fueron considerados impeditivos.
El TSJA considera que el testimonio de la víctima fue "coherente, persistente y sin contradicciones", y los peritos del Instituto de Medicina Legal de Málaga confirmaron su credibilidad, descartando cualquier intento de manipulación o venganza.
Además de la pena de prisión, el condenado deberá cumplir las siguientes medidas:
- Seis años de libertad vigilada tras salir de la cárcel.
- Prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima durante 12 años (menos de 200 metros).
- Inhabilitación durante 15 años para trabajar en actividades que impliquen contacto directo con menores.
- Pago de 10.000 euros a la víctima como indemnización por daños morales.
La sentencia fue dictada el pasado 3 de abril y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, se mantiene la protección a la menor. Esta disminución de la pena se suma a las más de 1000 rebajas de condena a violadores que ha provocado la caótica ley impulsada por Irene Montero, Ángela Rodríguez Pam y compañía, dejando en evidencia la irresponsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez.