De nada sirvió que hubiese informes favorables o que estuviese publicado en el BOE. El Gobierno ha roto el contrato de 6,6 millones de euros con IMI Systems para adquirir 15 millones de balas. En esta ocasión, el Ejecutivo ha tenido que recurrir a un órgano dependiente Ministerio de Industria que se encarga de "evaluar y autorizar" las compras de material de defensa y doble uso. Este organismo, presidido por el Secretario de Estado de Comercio, está compuesto por representantes de varios ministerios (Exteriores, Defensa, Interior, Hacienda y Presidencia).
Todo para forzar a un Marlaska que se negaba a cancelar el contrato. A su favor, la Abogacía del Estado que alertó de que, dado el avanzado estado de la licitación, España tendría que abonar el total de la compra a la empresa israelí, pese a no recibir el material adquirido, en este caso 6,6 millones de euros. Este dinero deberá entregarse a la entidad perjudicada dado que, con toda seguridad, emprenderá acciones legales.
De hecho, fuentes del Ejecutivo admiten que la Abogacía del Estado y los ministerios competentes ya están estudiando posibles acciones legales y reclamaciones por incumplimiento de contrato.
Un montante al que se suman los millones necesarios para contratar con otra compañía. Se trata de un sobrecoste del 100% para el erario público, por meros motivos ideológicos y de carácter político, ya que, aunque el comunicado de Moncloa justificaba la rescisión por motivos de "interés general", el único beneficiado es Sánchez, que salva así una crisis dentro del Ejecutivo.
El Gobierno podría haber incurriendo en un delito de malversación de caudales públicos e, incluso, prevaricación. Por ello, el PP ha anunciado que presentará una denuncia ante el Tribunal de Cuentas. Alberto Núñez Feijóo ironizaba con el hecho de que sea el Consejo de Ministros el que asuma el coste de rescindir el contrato y advertía a los interventores . "Esto es un aviso a navegantes, el que firme este expediente, el interventor o alto cargo que valide este expediente, tendrá que dar cuentas ante el Tribunal de Cuentas", ha dicho este viernes.
¿Afectará al rearme?
Además del elevado coste económico que va a suponer para los españoles rescindir este contrato, se genera una situación de inseguridad jurídica en el peor momento posible, dado que el acuerdo ya había sido publicado en el BOE. La misma semana que Pedro Sánchez anuncia la mayor inversión en defensa nunca hecha hasta ahora por nuestro país, rescinde un contrato con una de las beneficiadas en otra adjudicación pública, enviando un claro mensaje al resto de entidades: cualquier contrato, aunque esté aprobado por el BOE, puede ser rescindido. El Ejecutivo promete que no cerrarán más contratos con empresas israelíes y señalan que el 89% del reame se hará con sociedad europeas.
El boicot a Israel pone en un serio aprieto a España ya que el país hebreo es una gran potencia tecnológica y militar. Además de programas de espionaje como Pegasus, Israel tiene armamento que se usa en España. Un ejemplo es el de las pistolas de la Guardia Civil, llamadas "Ramón" y fabricadas por la israelí EMTAN.
También las empresas norteamericanas se han visto afectadas. Hace unas semanas, en el Congreso, el presidente de Indra, Ángel Escribano, acusó a la empresa General Dynamics, que en 2001 compró la Fábrica de Armas de Santa Bárbara en Trubia, de "haber destruido el tejido industrial". La empresa semipública intentó comprar esta planta pero los norteamericanos se opusieron.
La decisión salomónica de Indra ha sido la de comprar una nave a Duro Felguera en Gijón para fabricar carros blindados idénticos a los que los nortamericanos fabrican a sólo 40 kilómetros.
"Propio de otras latitudes"
La decisión podría ahuyentar a entidades, especialmente extranjeras, que están en disposición de firmar contratos con nuestro país. "Dejar sin efecto un contrato por un problema personal del presidente del Gobierno y por la inestabilidad política que genera es propio de un país de otras latitudes distintas a los de la UE", denunció este jueves el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que se preguntó "cuánto vale la rescisión del contrato y quién va a pagarlo".
Además, España ha sido condenada a pagar indemnizaciones millonarias a empresas energéticas por las primas a las renovables, que fueron anuladas con las inversiones ya hechas, rompiendo así los compromisos adquiridos con ellas según los contratos firmados.