La entidad constitucionalista Sociedad Civil Catalana (SCC) ha anunciado que se querella contra la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CMMA), entidad que agrupa a TV3 y Catalunya Ràdio, por los desproporcionados sueldos de algunos de sus directivos durante los ejercicios de 2021 y 2022. Según un informe de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, el órgano fiscalizador del sector público catalán, al menos cuatro directivos de la CMMA cobraron sueldos de más de 120.000 euros, por encima de lo que cobra un consejero de la Generalidad.
En el informe de la Sindicatura se especificaba también el caso del director de la Fundación La Marató de TV3, ente que se encarga de la organización del programa benéfico anual de la televisión autonómica. El citado director, Lluís Bernabé, habría cobrado según el órgano fiscalizador un sueldo equiparable al de un secretario general de la Generalidad –casi cien mil euros– sin el preceptivo visto bueno del Govern, entonces presidido por el republicano Pere Aragonès.
Otro de los nombres que aparecían en el informe era del Andreu J. Martínez Hernández, director de Gestión Presupuesta, Empresa Verde y Servicios Generales de la CCMA, a quien se habrían pagado de manera indebida siete trienios en calidad de funcionario de la administración autonómica.
Pero no acaban ahí las irregularidades detectadas por la sindicatura catalana. Constan además bonificaciones por objetivos para directivos de entre el 88% y el 120% de su sueldo cuando el límite establecido por la Generalidad es del 25%. La guinda del informe de la Sindicatura es que, además, en las empresas de la CCMA, los medios públicos de la Generalidad, la jornada de trabajo es de 35 horas semanales cuando lo normal en la administración es de 37,5.
Todas estas irregularidades han propiciado la denuncia de SCC, cuyo bufete de referencia, Chapapría-Navarro&Asociados, solicita la apertura de diligencias por posibles delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, omisión del deber de perseguir delitos y otros relacionados con la gestión ilícita de recursos públicos.
Posibles infracciones
La documentación aportada ante el juzgado recoge, entre otras posibles infracciones, irregularidades como retribuciones por encima del límite legal, contrataciones opacas sin la debida publicidad, pagos sin cobertura contractual o legal, falta de auditorías obligatorias y aplicación indebida de las jornadas laborales reducidas.
La entidad constitucionalista considera que los hechos destacados por la Sindicatura en los ejercicios de 2021 y 2022 "podrían no ser casos aislados, sino parte de un patrón sistemático de gestión irregular con relevante impacto económico y posible trascendencia penal", según una nota emitida por SCC. Por eso se pide en el juzgado que se investigue si esos mismos procedimientos se siguieron en ejercicios anteriores o posteriores.