Critican, pero sostienen. Así podrían resumirse las intervenciones de los aliados parlamentarios de Pedro Sánchez este miércoles en torno al gasto en defensa y los contratos armamentísticos con Israel. Los 10.000 millones de euros destinados al sector para alcanzar el objetivo del 2% del PIB este año supusieron un revés para el socio minoritario del Gobierno, que se mostró incapaz de sostener públicamente una posición coherente con sus históricas demandas en contra del rearme. Sin embargo, el reciente apagón, envuelto en la ambigüedad desprendida por el Gobierno de un posible ciberataque como causa, ha servido de excusa apelando a la ciberseguridad, para justificar un incremento presupuestario en defensa.
No obstante, los contratos armamentísticos suscritos entre el Gobierno y el Estado de Israel han resultado indefendibles incluso para los socios más leales del Ejecutivo. En Sumar han optado por el silencio estratégico, limitándose a destacar "la pelea dada para que se respete inequívocamente el compromiso de no comprar armas a Israel", en palabras de su portavoz parlamentaria, Verónica Barbero, quien advirtió que, de producirse nuevas adquisiciones, "nos volveremos a plantar". Sin embargo, evitó toda mención a los nueve contratos actualmente vigentes entre el Gobierno y el Estado de Benjamín Netanyahu.
Una contradicción discursiva especialmente tras la celebración pública de Yolanda Díaz al atribuirse el logro, impulsado por Izquierda Unida, de frenar un contrato para la adquisición de 15 millones de balas a una empresa israelí, mientras se guarda silencio sobre el resto de operaciones armamentísticas en curso. Sumar se ciñe en la necesidad de ir "más allá" y romper cualquier "vínculo diplomático y económico" con el Ejecutivo de Netanyahu. Lejos quedan las amenazas por romper con el Gobierno de coalición.
Una de las voces más combativas frente a estas licitaciones fue la de la líder de Podemos, Ione Belarra, quien acusó al presidente Pedro Sánchez de ser un "colaborador necesario del genocidio". Belarra cuestionó la incoherencia del Ejecutivo al señalar: "¿Cómo es posible cancelar un contrato de seis millones de euros en balas del Ministerio del Interior a Israel y mantener vigentes 46 contratos armamentísticos firmados con el Estado de Israel después del 7 de octubre de 2023?". La dirigente subrayó, además, que diez de esos contratos, aún sin formalizar, se encuentran en la misma situación administrativa que el recientemente anulado, pero siguen activos. En un tono especialmente crítico, Belarra también acusó a Sánchez de "robar" a los españoles.
El líder de ERC, Gabriel Rufián reprochó al presidente Pedro Sánchez haber anunciado un plan de rearme coincidiendo con el fallecimiento del papa Francisco, y reclamó que los recursos destinados al incremento del gasto en defensa se orienten, en cambio, a la nacionalización de la red eléctrica. También se mostró muy contundente contra el ministro Albares a quien acusó abiertamente de "mentir" al negar que el Gobierno adjudicara "46 contratos a empresas israelíes entre 2023 y 2025".
En la misma línea, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, exigió a Sánchez terminar con "todos y cada uno de los contratos que su Gobierno mantiene con Israel" y actuar "con hechos y no con palabras".
Unos señalamientos provenientes de socios que, a pesar de las discrepancias, no contemplan retirar su apoyo al presidente del Gobierno, incluso si ello implica tragar con unos contratos armamentísticos con el Estado de Israel. En su turno de réplica, Sánchez recurrió a eufemismos para justificar su postura, asegurando que no se trataba de compras de material bélico a Israel, sino de "exportaciones temporales para reparaciones temporales de equipamiento militar". Además, el presidente descalificó los datos presentados por sus socios de investidura sobre el número de contratos con Israel, tachándolos de "imprecisos", a pesar de que, de haber provenido de la oposición, habrían sido tildados de bulos y falsedades.