Pedro Sánchez aseguró este miércoles en el Congreso que "en la actualidad no hay un solo estudio serio que diga que las nucleares son imprescindibles en España". Una afirmación que se desmiente con facilidad. Hasta su exministra de Transición Ecológica y actual comisaria europea, Teresa Ribera, afirma ahora que "garantiza una sólida cadena de suministro".
Cuando fue ministra, y tras firmar el calendario de cierre de las nucleares para 2030, llegó a asegurar en 2021 en una entrevista en la SER que "es muy probable que se compute que el funcionamiento de estas centrales son fundamentales para la garantía de suministro hasta que no se pueda sustituir por otras fuentes de generación", en medio de la guerra que el Gobierno declaró a estas instalaciones, que respondieron amenazando con parar su actividad como protesta.
También el exministro de Zapatero y primer presidente de Red Eléctrica bajo el mandato de Sánchez entre 2018 y 2020, Jordi Sevilla, ha hecho un informe para Llorente y Cuenca titulado ‘Nucleares para consolidar una transición energética limpia’ en el que ha alertado de que "cerrar nuestros siete reactores nucleares de acuerdo al calendario previsto por el Gobierno (2027-2035) sería un grave error que debemos evitar". Incluso afirmaba que la nuclear será "un aliado para reforzar la autonomía estratégica buscada por Europa, evitando así fenómenos como la subida del precio del gas ruso tras la invasión de Ucrania, y para mejorar la competitividad económica, porque garantiza un suministro eléctrico estable y barato".
Ideología vs ciencia
El calendario del cierre nuclear fue respaldado por el Gobierno en 2019, sólo unos meses antes de las elecciones de abril de ese año, que desembocaron más tarde en una repetición de los comicios en noviembre. Una decisión de carácter electoralista que se tomaba a casi una década vista. En ese momento, España quería copiar a Alemania, que 9 años antes había cerrado las 17 nucleares del país, lo que les hizo más dependientes del gas ruso y, por tanto, han padecido más las consecuencias de la guerra en Ucrania.
Desde la invasión de Putin, la percepción sobre la nuclear en Europa ha cambiado y Francia ha ratificado sus 59 centrales y suma una más en construcción. Otros, como Suecia o la República Checa, han iniciado ahora los trámites para incrementar su producción nuclear en los próximos años y Bélgica ha decidido rediseñar su planificación nuclear, manteniendo abiertas hasta 2035 dos centrales nucleares cuyo cierre había sido previsto en un plan ya desechado.
Durante su comparecencia ante el Congreso, Sánchez se desentendía del calendario de cierre. "Las grandes empresas pactaron entre ellas mismas un calendario de cierre que aún estaban operativas y el Gobierno apoyó su decisión" , afirmaba el presidente, que no descartaba ahora ampliar el plazo, en plena polémica por el apagón.
Durante su intervención, Sánchez puso tres condiciones para prorrogar la vida de una nuclear. Uno, que esa prórroga garantice la seguridad de los ciudadanos. Dos, que sea económicamente viable y tres, que la medida sea conveniente para garantizar el suministro eléctrico. Más tarde, lamentaba que "ninguna de las empresas ha pedido la prórroga" y que por eso "ni el Consejo de Seguridad Nuclear ni el operador del sistema han realizado los informes preceptivos sobre la idoneidad". Fuentes del Ejecutivo apuntillan que si quieren cambiar el calendario "que lo propongan". Sánchez sólo les ponía una condición: "Si las grandes empresas energéticas quieren proponer esa prórroga, deben estar dispuestas a pagarla. Que la paguen los ultrarricos que presiden esas compañías".
El Gobierno es el que autoriza el cierre de las nucleares
El cierre no depende de las eléctricas sino del Gobierno como, de nuevo, desmiente la hemeroteca de la que fuera su ministra, Teresa Ribera. "Todas las empresas del sector energético y del eléctrico se rigen por unas normas que fijan cuándo y cómo decide quién puede autorizar el funcionamiento o el cierre de cualquier planta de generación. No pueden cerrar cuando quieren", decía Ribera en 2021, durante una entrevista en laSexta. "No pueden cerrar y abrir una planta de la envergadura de la nuclear".
La propia ministra explicó que deben recibir autorización, en este caso, del Centro de Seguridad Nacional y Red Eléctrica (con el Estado como mayor accionista), con el aval posterior del Gobierno, dado que se trata de un sector estratégico del que depende, por ejemplo, la seguridad nacional. Así lo recoge la Ley del Sistema Eléctrico de 2013, que garantiza el control por parte del Ejecutivo para que el suministro sea objetivo prioritario, por delante del precio de la energía o del uso de las renovables.
Tampoco es cierto que el cierre fuese pactado por las compañías, dibujando al Ejecutivo como mero observador. El encargado de anunciar el cierre de las nucleares para 2030 fue la empresa pública Enresa, que se encarga de la gestión de los residuos radiactivos. Un mes después, el Gobierno enviaba a Bruselas el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) que contemplaba para 2030 un 79% de energía renovables ( 50 GW serán energía eólica; 37 GW solar fotovoltaica), 27 GW ciclos combinados de gas; 16 GW hidráulica; 8 GW bombeo; 7 GW solar termoeléctrica y solo un 3 GW nuclear.
En el Plan gubernamental, aprobado en febrero de 2019, se contemplaba el cierre ordenado de las centrales nucleares españolas entre 2027- 2035. "En relación al parque de generación considerado por el MITECO en los escenarios objetivo cabe señalar la reducción paulatina del parque de generación nuclear hasta considerar en 2030 disponibles tres grupos nucleares de los siete disponibles en la actualidad", terciaba el texto aprobado por el ministerio de la propia Teresa Ribera.