La Generalidad redobla el acoso al idioma español en Cataluña. El PSC de Salvador Illa, la ERC de Oriol Junqueras y los "Comuns" de Ada Colau firmarán este martes el Pacte Nacional per la Llengua, una nueva vuelta de tuerca en las restricciones lingüísticas. Tanto Junts como la CUP se niegan a suscribir el acuerdo porque lo consideran "autonomista".
Sin embargo, el acuerdo no sólo incluye a los partidos, sino que también están representadas organizaciones como Òmnium Cultural (la impulsora junto a la Assemblea Nacional Catalana, la ANC, de las movilizaciones masivas del 'Procés') o la Plataforma per la Llengua, la organización de voluntarios que operan como comisarios lingüísticos y espían a los niños en el recreo para denunciar que juegan en castellano.
Junts aduce para negarse a firmar el acuerdo que el PSC no aclara qué hará si finalmente el Tribunal Constitucional sentencia a favor del 25% de español en la enseñanza obligatoria y teme que ese silencio sea un acatamiento tácito del fallo. En el partido del prófugo Carles Puigdemont creen que el TC fallará en breve.
Pero no sólo reparan en esa cuestión. En el seno de la formación heredera de la Convergència de los Pujol, Mas y el 3% causa un enorme malestar que Salvador Illa a veces hable en español. Según el digital de orientación independentista El món, en Junts consideran que eso es "intolerable".
El Pacte Nacional per la Llengua es una suma de vaguedades dotada con 225 millones de euros a pesar de que la Generalidad de Salvador Illa funciona sin presupuestos. La intención aparente es fomentar el uso del catalán porque según las encuestas de la Generalidad y las entidades separatistas el uso social del idioma está en franco retroceso. En la práctica, el Pacte Nacional se traduce en imposiciones lingüísticas en ámbitos como el sanitario.
Reacción al 25%
La idea de este nuevo acuerdo lingüístico nació como reacción separatista a la primera sentencia del 25% de español en la enseñanza obligatoria, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ratificado posteriormente por el Tribunal Supremo. La primera respuesta de los independentistas fue el episodio de acoso a la familia de la niña de Canet de Mar en cuya aula se aplicó la resolución judicial.
Entre las exigencias de ERC para investir a Salvador Illa constaba el impulso de ese Pacte Nacional per la Llengua, un acuerdo que se ratificará este martes. Pero no es el único gesto de Illa y el PSC hacia los separatistas, sino que forma parte de un paquete de iniciativas que implican a sindicatos, patronales, gremios y entidades culturales y deportivas para "salvar el catalán" por la vía de poner trabas al uso del idioma español y erradicarlo de la enseñanza, de la sanidad y de todas las actividades públicas.