A pesar de que la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa contra David Sánchez, se espera que la juez Beatriz Biedma mantenga su postura, por lo que será la Audiencia Provincial de Badajoz la que deberá decidir si abre o no juicio oral tanto contra el hermano del presidente del Gobierno como contra el resto de los imputados.
Aunque todas las posibilidades están abiertas, se da prácticamente por hecho que todos ellos tendrán que desfilar por el banquillo de los acusados, ya que no es la primera vez que las partes personadas apelan al mencionado tribunal y este avala la instrucción de su compañera, asestando un duro golpe a sus pretensiones.
Los correos de la discordia
Uno de los capítulos que más controversia suscitó entre las defensas de los acusados fue la incautación de los correos electrónicos intercambiados por los distintos responsables y trabajadores de la Diputación de Badajoz, además de los del propio David Sánchez. Temerosos de que aquellos emails fueran determinantes para apuntalar la acusación, como así ha sido, los letrados alegaron que sus clientes tenían derecho al secreto de las comunicaciones, cuestionando, además, que hubiera indicios para que se revisaran los correos de siete años.
La Audiencia, sin embargo, consideró que la orden de la juez Biedma contenía "la necesaria motivación que requiere la injerencia en los derechos fundamentales que se dicen vulnerados en el recurso" y advertía, además, de que aportaba "un análisis de dicha documentación que claramente cuestiona las actividades que comprende el puesto de trabajo del encausado, a la luz de su contrato, su escasa actividad como director de orquesta y la escasez de producciones del programa 'Ópera Joven'".
El auto de 29 páginas reiteraba así la "proporcionalidad" de las actuaciones, que, a su juicio, habían sido realizadas de forma "exquisitamente cuidadosa", lo que arrojaba un auténtico jarro de agua fría a las pretensiones de quienes, en todo momento, han tratado de desacreditar a la juez.
Apenas mes y medio después, en octubre del año pasado, volvieron a intentar excluir los mencionados correos de la investigación, pero la respuesta de la Audiencia fue exactamente la misma: "No hay vulneración de derechos fundamentales" y la "captación de actos preparatorios" de la contratación de David Sánchez "tiene un efecto esclarecedor" para la causa.
Los delitos imputados
Ya en diciembre, fue la Fiscalía la que salió al rescate del hermano del presidente, recurriendo su imputación y denunciando su posible indefensión, al considerar que no se detallaban lo suficiente los hechos que se le atribuían. Una vez más, sin embargo, la Audiencia Provincial de Badajoz respaldó a la juez Biedma.
Los magistrados subrayaron que el auto de la instructora "explicita suficientemente la imputación de cada persona, cumpliendo el estándar de motivación exigible para el tipo de resolución cuestionada, sin causarle, en definitiva, indefensión material alguna a ninguno de los investigados que han sido identificados".
El polémico asesor
La siguiente polémica llegó con la citación de Luis Carrero, el polémico asesor de Moncloa que ayudaba a David Sánchez y le llamaba "querido hermanito" y que, finalmente, sería contratado por la Diputación de Badajoz para trabajar codo con codo con él, en lo que, a juzgar por los correos intervenidos, fue otro enchufe en toda regla. No en vano, en dichos mensajes "ambos daban por sentado la incorporación de Luis Carrero 23 días antes de la publicación de las bases".
La defensa del músico se opuso tanto a la incautación de dichos emails como a su declaración misma. Sin embargo, la Audiencia Provincial suscribió que todas las diligencias ordenadas tenían una "clara justificación" y "más si cabe" en el caso de Luis Carrero, que estuvo "contratado primero como funcionario Nivel 30 en Moncloa y más tarde contratado por la Diputación de Badajoz", y que "tenía relaciones profesionales y personales, presuntamente, con don David Sánchez, antes de ocupar una plaza en la Diputación de Badajoz". Además, los magistrados insistieron en que su inclusión en el procedimiento no era fruto de un hallazgo casual, sino que fue el propio David Sánchez el que le "citó expresamente" en su declaración.
El golpe en la mesa de la Audiencia
Apenas unos días después, la Audiencia tuvo que resolver otra tanda de recursos, lo que terminó por agotar su paciencia ante lo que, a todas luces, parecía una estrategia para dinamitar la causa: "No puede obstaculizarse la labor investigadora propia del juez de instrucción con la interposición de continuos recursos si no se observa una auténtica vulneración legal", espetó a las defensas.
Los magistrados advirtieron entonces de que la instrucción se encontraba "en pleno apogeo" y que, por tanto, resultaba "inapropiado en este momento un sobreseimiento de las actuaciones". Concluida la instrucción y con los demoledores escritos de acusación sobre la mesa, ahora serán ellos mimos los que deberán decidir si procede la apertura de juicio oral, algo que, a tenor de los antecedentes, las acusaciones populares dan prácticamente por hecho.
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