Tras el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023, el Gobierno de Pedro Sánchez se apresuró a anunciar la suspensión de todos los vínculos militares con Israel. Pero un año y medio después, no existe constancia de esa supuesta ruptura, como quieren vender a su electorado. Ni tan siquiera sobre aquel contrato de 15 millones de balas y más de seis millones de euros para la Guardia Civil que abrió una grieta en el Gobierno de coalición y llevó a Izquierda Unida a amenazar con su ruptura. Una escenificación ya que el Gobierno admite que todavía la rescisión está en tramitación.
Pese a todo, el PSOE apoyó este martes en el Congreso que se inicie la tramitación parlamentaria de un embargo de armas a Israel. Una escalada aún mayor que busca un boicot al Estado hebreo pero que en el Ejecutivo admiten que es muy complicado de llevar a cabo. "No es tan sencillo", admiten fuentes gubernamentales que reconocen que "la mayoría de la ciberseguridad es israelí".
Los ejemplos que ponen en el Gobierno son variados y van desde cascos con linternas a programas informáticos que se diseñan en Tel Aviv. "La ley puede decir lo que quiera, la realidad es la realidad", sentencian en el Gobierno sobre esta proposición de ley que fue registrada por Sumar junto con el BNG, ERC y Podemos. Pese a que el PSOE ha apoyado su tramitación, en el sector socialista enmarcan su voto como "algo simbólico" y piden "no engañar a la gente", ya que creen que "si no entra directamente, lo hará a través de segundos países".
Marlaska admite "el error" de comprar balas israelíes
Casi a la vez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido en el Congreso para dar explicaciones sobre el contrato de munición adquirido Israel, anulado de forma unilateral por el Gobierno tras las presiones de sus socios.
El titular de la cartera, y responsable de la compra de cartuchos, admitió "desajustes o errores puntuales" en la compra de armamento y reiteró que el Gobierno español "rechaza vender o comprar armamento a Israel y a sus empresas", al tiempo que ha despejado las complicaciones que existen y los riesgos patrimoniales que supone cancelar un contrato del sector público.
Ya en octubre de 2024, el Gobierno Central anunció la rescisión y la paralización del expediente con un coste de más de 6 millones de euros. Una afirmación que seis meses después volvía a repetirse dada la vigencia del contrato. Sin embargo en esta ocasión el ministro ha reconocido que el "Gobierno está obligado a cumplir con la ley" añadiendo "el perjuicio patrimonial para el Estado".
Un fenómeno que se ampliaría a los nuevos contratos con Israel. Marlaska sigue insistiendo en esta tesis añadiendo que "este contrato está en proceso de rescisión", sin explicar el cómo. Eso sí, no ha hecho mención al resto de contratos que el Gobierno de España, en especial el Ministerio de Defensa, que mantiene con Israel por valor de cientos de millones de euros.
Los socios del Gobierno han criticado los gestos vacíos y los titulares con los que el PSOE intenta sostener su relato. De hecho el compareciente de Sumar, Enrique Santiago reprochó que "no es lo mismo anunciar el inicio para rescindir la adjudicación que iniciar el estudio sobre la posible cancelación".
Incluso ha reclamado a la Mesa del Congreso que acelere la tramitación por el procedimiento de urgencia de la proposición de ley para imponer el embargo de armas a Israel. Desde el espacio morado insisten: si el Gobierno tuviera verdadera intención de romper relaciones comerciales y diplomáticas con Israel, podría convocar un Consejo de Ministros extraordinario y aprobar un Real Decreto que marcara el rumbo.
Otros partidos de izquierdas llegaron a comparar a Netanyahu con Hitler, obviando el Holocausto con más de seis millones de judíos asesinados. "Ustedes podrían cancelar los diez contratos por valor de más de 800 millones de euros si no fueran absolutos colaboracionistas con el Hitler del siglo XXI que es Netanyahu", atizó la líder morada, Ione Belarra.