Siete meses después de la dana, Pedro Sánchez se ha reunido por primera vez con tres asociaciones de víctimas de la tragedia. Fue un encuentro durante tres horas en la sede de la Delegación de Gobierno y allí les prometió a las víctimas "un funeral de Estado laico" que se celebrará en Valencia durante el primera aniversario de la riada.
Pese al encuentro "fructífero", según las asociaciones, los datos oficiales de ejecución que ofrece Moncloa en su página web siguen siendo pobres. A día de hoy, el Gobierno solo ha abonado el 18,2% de las ayudas, o lo que es lo mismo: de los 13.100 millones de euros, sólo se han ejecutado 2.388 millones. Aunque dentro, en la reunión con las víctimas, Sánchez ha incluido buena parte de los 3.000 millones de la compensación de Seguros para elevar la cifra de ayudas pagadas a 5.360.
Esto lleva al engaño ya que esta última cifra incluye ayudas de los seguros, que pagan todos los que tienen contratada una póliza y tienen que pagar una prima, y no son subvenciones públicas. Es cierto que existe un Consorcio, adscrito al Ministerio de Economía, que actúa como asegurador en última instancia pero cuyos fondos provienen de los recargos de las pólizas de seguro.
De hecho, la propia web de Moncloa, que ofrece datos actualizados casi a diario, lleva al engaño al elevar las ayudas a 16.600 millones de euros, ya que incluyen la compensación de seguros. En cambio, son transparentes a la hora de explicar que se han dado 72.051.468 € en concepto de anticipos y ayudas por daños en viviendas y enseres a 4.210 familias y 12.816.000 € por ayudas por fallecimiento a 178 familias. Dentro de la reunión, Sánchez ha admitido que, por ejemplo, hay otras cifras preocupantes como que todavía hay 1.000 ascensores inutilizables.
Ahora hará obras en la CHJ
Sánchez también les ha trasladado que el Ejecutivo trabaja en un plan contra inundaciones, aunque esas actuaciones no empezarán a ejecutarse hasta el año 2026. Estas iniciativas incluirán actuaciones nuevas y otras ya programadas, y le pasa la responsabilidad a la Confederación Hidrográfica del Júcar, el organismo estatal de quien dependen las competencias en los cauces de Valencia.
El presidente del Gobierno no ha querido dar más datos pero, según una nota de prensa de La Moncloa, admiten que el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido ahora por Sara Aagasen, trabaja en un Plan para prevenir riesgos, proteger a la población y preparar el territorio para minimizar las consecuencias en caso de inundación, que incluye un paquete de reformas hidráulicas.
Una de las actuaciones ya contempladas desde hace años es la del Barranco del Poyo. Esta obra estaba prevista en un informe de su propio ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera y en la que hacían un "seguimiento" del "Plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica del Júcar". Allí, se admitía la problemática en el barranco cuya inundación anegó a las localidades más afectadas.
En ese documento, que desveló hace meses Libertad Digital, incluso se recordaba que se han producido "68 inundaciones históricas y más de 10 desde el año 2000". Para solucionarlo admitían que hay un Plan para controlar el cauce y que costaría unos 50 millones pero que que no se ejecutaría porque había una "incompatibilidad" con "la Ley 5/2018, de 6 se marzo, de la Huerta de Valencia" impulsada por el Gobierno valenciano del socialista Ximo Puig. En otra diapositiva del ministerio se admitía que se paralizaba la obra por falta de "disponibilidad presupuestaria" y por "problemas medioambientales".
Además, Sánchez ha propuesto mejorar "los protocolos de emergencia", para asegurarnos de que, en situaciones de riesgo, "la información sea procesada de forma adecuada por quienes tienen que tomar decisiones, mejorar los canales de comunicación y de transmisión de información con la ciudadanía y luchar contra la desinformación".