El Gobierno busca apuntarse un tanto ante sus socios separatistas, que ya le pidieron al comienzo de la legislatura que impulsase la oficialidad de las lenguas cooficiales españolas, es decir, el catalán, vasco y gallego, en la Unión Europea (UE). Por ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha propuesto en Bruselas una nueva pirueta por la que, en lugar de ser lenguas cooficiales, se le otorgue a estos idiomas el estatus de lenguas cooficiales "parciales" de la UE.
Así, el Gobierno ha planteado que estas lenguas sean reconocidas con esta condición a partir de 2027, cuando se pasarán a traducir únicamente los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo; o lo que es lo mismo, menos del 3% de los documentos oficiales y actos jurídicos de Bruselas. Así, estas lenguas serían reconocidas como oficiales en la Unión, si bien en un grado de "oficiales parciales" que apenas tendría recorrido práctico.
La reforma, según ha adelantado Europa Press, incluiría una "derogación" inmediata por la que las instituciones de la UE no estarán obligadas a redactar todos sus actos legislativos ni a publicarlos en el Diario Oficial de la UE en estos idiomas. Una propuesta para la que el Ejecutivo socialista estaría dispuesto a costear la totalidad de los costes administrativos que supongan el reconocimiento y las posteriores traducciones de los actos jurídicos de la UE al vasco, catalán y el gallego aportando una cuantía de la que no ha trascendido la cifra. Algo nada usual, ya que son las arcas públicas de la UE las que costean este tipo de servicios.
En este sentido, el Gobierno español pagaría el coste de las traducciones de los reglamentos que, según los datos de la UE, la pasada legislatura representaron el 2,16% de los actos jurídicos; es decir, que de los 12.065 actos que fueron traducidos a las lenguas cooficiales en la pasada legislatura sólo 316 se habrían transcrito en catalán, vasco y gallego si hubiese estado vigente esta norma.
Así, aunque el Ejecutivo no ha aportado ningún plan detallado de cómo aplicar en la práctica el paso de 24 a 27 lenguas oficiales en la UE, este quiere contentar a sus socios con el anuncio de la designación de estos idiomas como oficiales, por lo que apunta a que será "en los próximos meses" y "antes de que se aplique el acuerdo" cuando se definiría el plan y se acotará la cifra que el Gobierno tendría que aportar para costear los recursos materiales, técnicos y humanos necesarios.
Se vota el próximo martes
Este proyecto del Gobierno será votado el próximo martes en Bruselas en el Consejo de Ministros de Asuntos Generales de la UE y sólo será aprobada si recibe el apoyo unánime de los miembros; aunque entre estos hay varias delegaciones que han expresado sus dudas legales y financieras sobre la norma, con la que España propone comenzar a traducir los reglamentos con carácter retroactivo desde el año 2017 para posteriormente en 2031 estudiar la oficialidad no parcial de las lenguas y que estas tengan el mismo estatus que el español.
En este contexto, el Gobierno presentó a los embajadores el pasado miércoles un documento algo más expositivo de los que han circulado desde que España presentó la petición de oficialidad de estos idiomas por primera vez en septiembre de 2023, tras llegar a un acuerdo de investidura Sánchez con el líder de Junts, Carles Puigdemont, que le exigía la oficialidad del catalán en la Unión Europea para apoyarlo en el Parlamento.
Ahora, la petición sigue sin cosechar los apoyos suficientes pero el Gobierno ha elevado la presión a las capitales, según un alto diplomático europeo, que reconoce que el asunto es "muy sensible" y que trasciende las negociaciones en Bruselas. La unanimidad exige que ningún país se pronuncie en contra, pero la abstención de delegaciones no impediría que se tomara una decisión; tampoco es definitivo que se vaya a producir la votación ya que hay margen para que la agenda se modifique sobre la marcha.
El coste aproximado
Aunque la falta de detalles económicos y legales de la propuesta es lo que más chirría a las delegaciones europeas de la propuesta que ha realizado el Gobierno de Sánchez, sí que existe una estimación de la Comisión Europea realizada en 2023 en la que se cifraba un gasto aproximado de 44 millones de euros por lengua oficial al año —132 millones de euros anuales en total que saldrían de las arcas públicas españolas—.
Además, se advertía sobre este cálculo que era muy preliminar basado únicamente en la experiencia previa del gaélico, cuya inclusión fue solicitada por Irlanda en 2005 y aceptada en 2007, si bien no obtuvo una aplicación total hasta 2022 a petición de Dublín, consciente de la dificultad de traducir todos los documentos a esta lengua. Cabe destacar que el gaélico es una lengua cooficial en Irlanda que es estudiada y practicada en todo el país y no solamente en una región específica.