El plan de la cloaca contra Peinado incluía la fabricación de "una cascada" de denuncias falsas contra UCO y Policía
La cloaca trazó un plan para desacreditar al juez Peinado usando el caso PDVSA, el magistrado más incómodo para el Gobierno de Sánchez.
La documentación de la cloaca a la que ha tenido acceso Libertad Digital prueba todo un plan de ataque al juez Peinado, el magistrado que instruye el caso contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Libertad Digital ya ha desvelado que uno de los objetivos de la cloaca que lideraba Leire Díez, mano derecha de Santos Cerdán, pasaba por generar una supuesta causa de recusación contra el magistrado en base a una vulneración de derechos de un exministro venezolano de Hugo Chávez.
Pero el plan completo incluía un ataque colateral: en base a esa argumentación, la cloaca pretendía "denunciar en cascada a todos los elementos de la cadena que llevaron al Tribunal Constitucional a decretar que la detención y prisión incondicional por 14 meses de NV fue ilegal". NV es Nevir Villalobos, el citado exministro del dictador Chávez.
En la investigación inicial del caso PDVSA llevada a cabo con el liderazgo instructor del juez Juan Carlos Peinado en el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil actuó como cuerpo de policía judicial. La UCO intervino en toda la recopilación de pruebas y en la ejecución de diligencias relacionadas con el presunto blanqueo de capitales por parte de altos cargos y empresarios venezolanos vinculados a la petrolera estatal PDVSA.
Posteriormente, la Audiencia Nacional, a través del Juzgado Central de Instrucción nº 3, asumió la competencia del caso, y la investigación continuó bajo la dirección de la jueza María Tardón. En esta nueva fase, la UCO también mantuvo su papel como cuerpo de policía judicial, colaborando en las pesquisas dirigidas por la Audiencia Nacional. Eso sí, en algunas de las diligencias, en concreto, en la detención de Névir Villalobos intervino la UDEF.
La operación contra el juez Peinado
Y la cloaca quería aprovechar este dato para cargar contra todos ellos –incluida la UDEF– y desacreditar de forma adicional a la UCO con una "cascada" de denuncias falsas. Justo la misma estrategia que se llevó a cabo con la juez Biedma, la que ha llevado la instrucción del hermano de Pedro Sánchez.
Lo cierto es que la cloaca quería tumbar al juez Juan Carlos Peinado, uno de los jueces por los que más inquina ha mostrado todo el Gobierno de Pedro Sánchez hasta el punto de presentarle el presidente del Gobierno una querella –desestimada por unanimidad por el TSJ de Madrid–. Peinado es el responsable de la instrucción del caso Begoña Gómez, que investiga a la mujer del presidente por cuatro delitos.
La cloaca se puso manos a la obra el 25 de abril de 2024 en la función de acoso y derribo a todos los que osaran investigar los casos de corrupción que rodean al Gobierno y familia de Pedro Sánchez. La carta de Pedro Sánchez como presidente "profundamente enamorado" data de un día antes, casualmente. Y el juez Peinado, como ya ha publicado Libertad Digital no se libró de la ira de la cloaca que comandaba Leire Díez, mano derecha de Santos Cerdán.
Ahora Libertad Digital publica detalles del plan de la cloaca para acabar profesionalmente con Peinado. Este diario ha tenido acceso a documentación de la cloaca y ha comprobado como el plan no era pasajero y contaba con elaboración detallada: se basaba en usar uno de los antiguos casos abordados por el juez Peinado –el de la petrolera venezolana PDVSA– desde su Juzgado 41 de Plaza de Castilla. En concreto, el plan pasaba por intentar favorecer su recusación por haber llevado una causa que podía conectar de alguna manera –PDVSA aparece en la trama de Víctor de Aldama– argumentando que tenía una idea preconcebida. Es más, pretendían desacreditarlo por una detención que fue amparada por el Tribunal Constitucional en su momento, la de un exministro del dictador Hugo Chávez.
La prisión provisional que acabó en amparo
El plan aparece detallado y organizado en distintos archivos junto a otras carpetas de más actuaciones de la cloaca del PSOE.
Y alude personalmente a la figura de Nervis Villalobos. El Tribunal Constitucional revisó en amparo su situación de prisión provisional dictada en aquel momento por el Juzgado de Madrid que ya dirigía Peinado. Nervis Villalobos Cárdenas había sido viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela entre 2001 y 2006. Y fue detenido en el marco de la investigación abierta contra este ex alto cargo chavista por un presunto delito de blanqueo de capitales.
El TC admitió a trámite el recurso de amparo presentado en octubre de 2018 por este ex alto cargo del Gobierno dictatorial de Hugo Chávez y posteriormente aceptó su reclamación. El ex viceministro chavista fue detenido en Madrid el 28 de octubre de 2017 como consecuencia de una orden internacional de detención emitida por Estados Unidos por su presunta implicación en la trama de corrupción vinculada al cobro de sobornos en el marco de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El Juzgado de Instrucción 41 de Madrid le mantuvo en prisión hasta el 14 de septiembre de 2018, fecha en la que fue puesto en libertad condicional con medidas cautelares –prohibido salir de España y comparecencia periódicas en un juzgado–. Villalobos volvió a ser detenido el 18 de octubre de ese año y enviado de nuevo a prisión. Quedó en libertad condicional el 21 de diciembre de ese mismo año.
El Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo aceptando una vulneración de derechos de Nervis Villalobos. "El procedimiento seguido para acordar la prisión provisional de Villalobos no ha respetado las garantías legales de información y acceso a los elementos esenciales de las actuaciones", afirmó el TC.
Y esa era la clave, asegurar que había una idea preconcebida de todo lo que rodeaba o se relacionaba con PDVSA y que era un juez que vulneraba derechos en sus diligencias. Justo el mensaje que no han dejado de repetir desde el Gobierno para reclamar el cierre del caso contra la mujer del presidente. Y justo el mensaje que la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no han dejado de rechazar.
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