El aura que parecía acompañar a Pedro Sánchez cuando viajaba fuera del país, se esfuma día a día. Si en la anterior legislatura llegó a hablarse, incluso, de sus aspiraciones para dirigir un organismo internacional cuando dejara la presidencia, ahora su imagen está muy deteriorada. El caso Begoña Gómez situó el foco en España pero lo ocurrido con su hermano, el apagón, el caos ferroviario, las cloacas del PSOE o la falsa bomba-lapa han traspasado fronteras.
The Telegraph abrió la veda al acusar al Gobierno de llevar a cabo un experimento con las renovables y provocar que España se fuera a negro durante 11 horas. El más reciente, The Times, ha recogido la negativa del Ejecutivo a rectificar el bulo sobre un intento de magnicidio contra Sánchez. Entre medias, artículos en el Financial Times, Euronews o Euroactiv haciéndose eco de las presiones de España para que Europa acepte el uso del catalán.
Es algo que no había sucedido en la anterior legislatura, cuando el presidente gozaba de buena imagen en el exterior, especialmente ante Úrsula Von der Leyen, dada la ceguera habitual de Bruselas ante los asuntos domésticos de los países miembros. Sin embargo, la situación se ha deteriorado tanto que la prensa internacional ya se hace eco de lo que ocurre, lo cual indica que los embajadores estarían advirtiendo a sus respectivos países contra el Gobierno de Sánchez.
El rearme y el fin del dinero elevan la presión
Una situación que se ve agravada por la ambigüedad del Ejecutivo ante el rearme europeo. En el Gobierno han marcado en rojo los días 28 y 30 de junio, cuando se celebra la cumbre de la OTAN en La Haya que, casi con seguridad, exigirá aumentar el gasto en defensa del 2% al 5%, como pide EEUU y ya ha reclamado el secretario general de este organismo, Mark Rutte. En el Gobierno admiten que hay países "muy entregados" a esta causa y citan a Polonia o Suecia. "Los demás no tanto", trasladan fuentes gubernamentales para intentar rebajar el problema, aunque España se ha quedado completamente sola con su postura.
Incrementar el presupuesto a esos niveles es casi inviable sin unos Presupuestos Generales del Estado, lo que elevará la presión sobre el Gobierno. A esto se suma el fin de los fondos Next Generation que Europa puso sobre la mesa para combatir las consecuencias de la pandemia. En junio de 2026 se cierra el grifo y el Gobierno no podrá disponer de tanto dinero, lo que añadirá también tensión si no tienen unas cuentas públicas.
Moncloa pide "realismo" a la comunidad internacional para que la industria pueda absorber tal cantidad de dinero en defensa. "A nuestras industrias les cuesta mucho sacar nuestros programas", admiten ya que la OTAN sólo computa la cantidad gastada, no la proyectada. Esto supondría pasar de 28.000 millones en defensa, para lograr alcanzar el 2% que el Gobierno apenas logra, a 70.000 millones, y tal cantidad necesitaría sí o sí de unos Presupuestos.
La falta de PGE, clave
De momento, el Gobierno no ha conseguido aprobar unas cuentas en lo que va de legislatura y sigue sobreviviendo a base de prórrogas de los Presupuestos de 2023, aprobados en 2022 por otras Cortes. Los de 2025 quedan descartados y tampoco dan por hecho que después de septiembre vayan a conseguir pactar los de 2026, aunque reconocen que van a "intentarlo" pero que es "muy complicado".
La idea es retomar las negociaciones después del verano, una vez que ya haya sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Amnistía. Carles Puigdemont marcará en buena medida el devenir de la legislatura al levantar el pulgar, o bajarlo, sobre las cuentas que darían oxígeno a Sánchez. Y ese es, precisamente, el principal escollo para que el prófugo ceda ante el Gobierno. Si agota esa carta de negociación, el presidente podría concluir la legislatura sin problema mientras Junts no ha cobrado todavía su apoyo a la investidura.
No se ha reconocido el catalán en Europa, la amnistía no permitirá que Puigdemont regrese a España, no hay previsto aún un referéndum de independencia y aún no se ha aprobado el cupo catalán, aunque esta última medida se acordó con ERC. Esto explica que el Gobierno se haya volcado en intentar reconstruir puentes con Puigdemont y le haya hecho guiños intentando forzar que Bruselas admita las lenguas cooficiales o que la sentencia del TC pueda estar lista ya en junio. Todo para amarrar su apoyo a unos PGE que parecen lejanos.
En estas circunstancias, no se descarta un anticipo electoral, dada también la presión interna. Cada vez son más los socialistas que alzan la voz, aunque en la actualidad tienen pocas responsabilidades. Emiliano García-Page ha pedido convocar antes de las autonómicas y locales, para salvar al PSOE del desgaste que sufre Pedro Sánchez y que no se repita lo ocurrido el 28-M. Susana Díaz, Eduardo Madina o Javier Lambán han alzado la voz contra el sanchismo ante el temor de que deje tierra quemada tras su marcha.
En contra, la agenda judicial que cerca al presidente. Aunque desgasta cada día al Gobierno, es también un motivo para no adelantar comicios ya que Sánchez se quedaría más desprotegido fuera de Moncloa. Su control sobre la Fiscalía, la Abogacía del Estado o el TC desaparecería, y con él merma el control sobre los tiempos o determinada información que le permite anticiparse a algunos movimientos.