Justo cuando arrancan las deliberaciones del Tribunal Constitucional (TC) presidido por el izquierdista Cándido Conde-Pumpido sobre el borrador que avala la Ley de Amnistía con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consiguió los apoyos de los separatistas para la presente legislatura, la Comisión Europea deja en evidencia al órgano judicial con un informe, adelantado por El Español y al que ha tenido acceso LIBERTAD DIGITAL, en el que sostiene que la norma para beneficiar a Carles Puigdemont, más que una amnistía "parece una autoamnistía".
En concreto, el diagnóstico de la Comisión se recoge en sus alegaciones a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación de la ley. Es en esta instancia donde la Comisión explica que la norma de Sánchez "parece constituir una autoamnistía por dos motivos" En primer lugar porque "los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación". En segundo lugar, "porque el proyecto de ley es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno". De ahí que deduzca que no responde "a un objetivo de interés general", sino que esta lo hace a un interés político propio, ya que los beneficiarios de la norma son claves para que el líder de los socialistas permaneciese en el poder.
Es más, este mismo informe recoge que "las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse garantizándose su inmunidad jurídica son contrarias al principio del Estado de derecho". "Parece que el mismo criterio habría que aplicar cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario", asegura el texto.
La Comisión no se opone de forma sistemática a las leyes de amnistía pero sí que admite que "son medidas excepcionales que despenalizan hechos que normalmente son perseguidos". A diferencia de esta "autoamnistía", las normas que avala Europa son aquellas que "tienen un medio adecuado para alcanzar en última instancia un objetivo legítimo".
"No atendió a las recomendaciones"
El varapalo de los juristas comunitarios continúa ya que indica que "cabe señalar que el legislador español no atendió las recomendaciones de la Comisión de Venecia". Entre esas cita la tramitación parlamentaria que se suspendió "durante dos meses sin justificación alguna" lo que "suscitó inquietudes en cuanto al carácter general de la amnistía". Se refiere a cuando Junts tumbó la norma para que se blindase aún más a Puigdemont. A partir de ahí, se alcanzó un nuevo acuerdo a la medida del líder separatista.
El texto de la CE reprocha que tampoco se cumpliese "la recomendación de restringir y definir con mayor precisión el alcance material y temporal de la aplicación de la amnistía para que los efectos de la ley sean más previsibles" o "la recomendación de establecer un vínculo más estrecho entre las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, su preparación o sus consecuencias, y los actos de malversación y corrupción".
Los juristas recuerdan que "en el caso de que exista afectación de los intereses financieros de la Unión" ésta podría actuar. El texto de 38 página deriva " del auto de remisión prejudicial que, en febrero y abril de 2022, Sociedad Civil Catalana (‘SCC’) y el Ministerio Fiscal" que presentaron "sendas demandas ante el Tribunal de Cuentas español (el ‘TCU’) solicitando que se declare la existencia de un daño en el patrimonio".
El Gobierno lo considera positivo
Desde la Moncloa, la ministra Pilar Alegría ha recalcado que este texto de los servicios jurídicos comunitarios "no es vinculante pero nos parece positivo". "Lo que esperamos es la resolución definitiva del TJUE", ha terciado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros donde ha reinterpretado el informe asegurando que "la propia Comisión no dice que se usasen fondos europeos".
Así se han mostrado los abogados de Bruselas después de que el pasado 2 de junio fuentes del TC asegurasen a Libertad Digital que la ponencia que firmará la vicepresidenta del Constitucional y magistrada izquierdista Inmaculada Montalbán avalaría la ley de amnistía que elaboró el Ejecutivo de Sánchez. Además, esas fuentes —según informó Miguel Ángel Pérez— explicaron a este mismo diario que el borrador de sentencia ni siquiera se pronunciaría sobre el delito de malversación, que es aquello que ha hecho al Tribunal Supremo rechazar la aplicación de la norma para Puigdemont y el que fuera vicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras.