"Tengo que decir que no está siendo un día fácil... Lo que he leído en el informe de la UCO no se corresponde a la persona con la que yo he compartido carrera política, que es mi compañero de partido y mi amigo", decía este jueves la presidenta de Navarra —además de secretaria general del PSN— entre lágrimas. Lo que pudiera parecer una decepción real con Santos Cerdán, para otros no es más que el "papelón" de quien "cuesta creer que no supiera nada".
Para empezar, por la estrecha relación que mantenían: "Gracias a las gestiones de Cerdán, María Chivite alcanzó la presidencia de Navarra en 2019 de la mano de EH Bildu y la reeditó en 2023", recordaba este viernes la presidenta de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Cristina Ibarrola. Pero para seguir, y más importante si cabe, porque es su Gobierno el que ha adjudicado muchas de las obras que están en el punto de mira.
Entre las más polémicas destacan precisamente el desdoblamiento del túnel de Belate, que fue objeto de un demoledor informe del tribunal de cuentas de Navarra en el que se denunciaban innumerables irregularidades, y la famosa obra de Mina Muga, en la que la UCO sitúa el origen de la trama liderada por Cerdán. No en vano, tras preguntar insistentemente en el Parlamento, UPN logró que la propia Chivite confesara que se había reunido hasta cuatro veces en solitario con Antxón Alonso, el fundador de Servinabar, la empresa que, junto a Acciona, habría sido adjudicataria de las obras presuntamente amañadas.
Y la cosa no queda ahí, ya que la mencionada sociedad —cuyos vínculos con Koldo García y el propio Cerdán explica pormenorizadamente la UCO— seguiría recibiendo a día de hoy dinero del Gobierno de Navarra. No en vano, el diario The Objective revelaba esta semana que, el mismo día que los agentes registraban su sede, la empresa pública Navarra de Suelo y Vivienda autorizaba un contrato a dedo de más de 72.000 euros para la mejora de un proyecto encargado en 2023 a Servinabar para la construcción de 46 viviendas de protección oficial por el que ya se habían pagado 7,8 millones de euros. "La adjudicación a dedo se produjo a las 11:51 de la mañana, cuando los agentes ya se dirigían hacia allí", apuntaba la información.
Con todo, cada vez son más los que creen que la siguiente en caer podría ser la propia María Chivite. "Es conocido por todos que quien mandaba en Navarra era Santos Cerdán", denunciaba Ibarrola el pasado viernes, insistiendo en que la socialista "no ha tomado ninguna decisión de relevancia sin el visto bueno de Cerdán, ha sido el pilar de su Gobierno, y, por tanto, está contaminada por él. Toda su gestión queda en entredicho".
Mina Muga
Tal y como ha desvelado Libertad Digital, la UCO cree que la primera obra en la que pudo intervenir la trama liderada por Santos Cerdán y Koldo García fue el proyecto de Mina Muga, una gran mina de potasa —mineral considerado estratégico por la Unión Europea— ubicada en el municipio de Sangüesa.
La licencia recayó en la empresa Geolocali, con capital australiano e inversores chinos. "Os consideramos nuestros ojos y nuestros oídos", le dijo el administrador a Koldo, aludiendo a él y a Cerdán. En diciembre de 2015, los gestores adjudicaron la obra civil de 57 millones de euros a Acciona, que acababa de formar una UTE con una sociedad creada apenas un mes antes llamada Servinabar y liderada por Antxón Alonso quien, a su vez, ese mismo año había formado una cooperativa llamada Noran con Koldo García. "En cuanto a la vinculación de Santos Cerdán con Servinabar y la cooperativa Noran Coop, se han recabado indicios que no sólo ligarían a éste con las sociedades, sino que le otorgarían cierta capacidad de decisión sobre ambas", sostiene la UCO.
Si el Gobierno de Navarra liderado por María Chivite ha otorgado o no algún trato de favor a las empresas involucradas es algo que se tendrá que demostrar judicialmente. Sin embargo, ya hace más de un año que UPN sospecha que así es. De hecho, no son pocas las preguntas que sus parlamentarios han hecho sobre este asunto y las respuestas son cuanto menos inquietantes.
Tal y como el Ejecutivo autonómico se vio obligado a reconocer, la presidenta de Navarra recibió en su despacho y a solas a Antxón Alonso hasta en cuatro ocasiones en poco más de un año. "La presidenta recibió al señor Alonso Egurrola el 24 de julio y el 20 de octubre de 2020 y el 21 de abril y el 17 de septiembre de 2021. Estos encuentros, a iniciativa del señor Alonso, trataron sobre las obras de reforma efectuadas en el Archivo del Palacio de Navarra y el proyecto constructivo de Mina Muga en Sangüesa", se puede leer en el Boletín Oficial de Navarra.
El túnel de Belate
No menos inquietante es el papel del Gobierno de Navarra en la concesión de la obra del desdoblamiento del túnel de Belate de la UTE formada por Acciona, Servinabar y Fermín Osés; un proceso que, tal y como ya publicó Libertad Digital, fue objeto de un demoledor informe de la Cámara de Comptos, el tribunal de cuentas de la comunidad foral. "Hemos observado aspectos significativos que impiden garantizar de forma suficiente el cumplimiento de los principios de transparencia e igualdad de trato", alertaba el Informe de fiscalización de las cuentas generales de Navarra del ejercicio 2023.
Las anomalías que dicha auditoría pone sobre la mesa no solo salpican al ejecutivo autonómico actual, sino también a los consejeros que formaban parte por aquel entonces del mismo, entre los que, casualmente, se encuentra otra ministra de Pedro Sánchez: la actual responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que fue la consejera de Hacienda de Navarra hasta que en agosto de 2023 —ya en plena fase final de la valoración de las ofertas presentadas— el presidente decidió ascenderla.
Dinero hasta el último minuto
Pero la relación del Gobierno foral con Servinabar —una empresa que vive únicamente de las obras que le encarga el Ejecutivo de Chivite— se extiende hasta nuestros días. Tanto es así que, según The Objective, el mismo día en que la UCO entraba en la sede de la compañía para recopilar información sobre contratos sospechosos vinculados al caso Koldo —a estas alturas, caso Cerdán o caso PSOE—, la administración regional le concedía 72.000 euros para la mejora de un proyecto encargado en 2023 para la construcción de 46 viviendas de protección oficial.
El contrato inicial, de 7,8 millones de euros, se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los conocidos Fondos Next Generation. La partida ahora aprobada a través de la empresa pública Navarra de Suelo y Vivienda estaría destinada al "suministro y colocación de cortinas por el exterior en todas las estancias, incluida la retirada de las existentes, consiste en ‘una reposición parcial’ debiendo ejecutarse por el adjudicatario de las obras del edificio, para evitar incompatibilidades o problemas de utilización y mantenimiento de los elementos que integran el cierre exterior del edificio".
La respuesta de Chivite
Acorralada por los múltiples caminos que conducen a ella, la presidenta de Navarra se ha limitado a responder como lo hizo Sánchez: comprometiéndose a encargar una auditoría; en este caso, no de las cuentas, sino de todas las adjudicaciones en el punto de mira. "Sin tener constancia de ilegalidades, vamos a buscar garantías para que no haya sombra de dudas. Si las hubiera, iremos hasta las últimas consecuencias. El propio Gobierno ira a la Fiscalía", aseguró el jueves.
En la misma rueda de prensa, y sin contener las lágrimas, la presidenta de Navarra dijo confiar en que Santos Cerdán "sea capaz de demostrar su inocencia" y se mostró profundamente decepcionada. "Lo que he leído en el informe de la UCO no se corresponde a la persona con la que yo he compartido carrera política, que es mi compañero de partido y mi amigo", aseguró.
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