La pregunta que este martes le hicieron a la ministra portavoz, Pilar Alegría, era clara: "¿Pueden garantizar que el presidente o algún miembro del Ejecutivo puede verse afectado por nuevas informaciones relacionadas por tramas de corrupción?" La respuesta fue lacónica: "No lo sé". En el Gobierno han pasado de poner la mano en el fuego, cuando había informaciones contra algún alto cargo del PSOE o del Gobierno, a evitar pronunciarse.
Tras el último informe de la UCO la unidad de quemados está llena y ahora que se sabe que la Guardia Civil ultima un informe sobre el ministro de Política Territorial, Ángel Victor Torrres, y sobre la presidenta del Congreso, Francina Armengol, así que para evitar nuevas abrasiones en el Gobierno cambian de estrategia y admiten que no saben "si van a aparecer más nombres". Pilar Alegría solo acertaba a prometer que "frente a cualquier indicio sólido se actuará con contundencia".
Aunque lo cierto es que en el PSOE y el Gobierno estuvieron negaron y descalificando cualquier información que apuntaba a Santos Cerdán. A él le señalaban por parte del "nexo corruptor", Victor de Aldama, que aseguraba haberle entregado 15.000 euros y también por parte de la empresaria Carmen Pano que admitía haber llevado 90.000 euros en bolsas a la planta noble de Ferraz. Ahora, hay decenas de acusaciones por parte de Aldama contra Ángel Víctor Torres pero el Ejecutivo sigue sin actuar porque, según Alegría, "este hecho no puede utilizarse como coartada sobre personas honestas" y auguraba que "si hay indicios", se entiende que mediante informes de la UCO, entonces "se actuará".
Alegría aseguraba que este Gobierno colabora con la Justicia desde que "conoció" el informe de la UCO. "Estamos hablando de un informe muy sólido", admitía la ministra portavoz que aseguraba que "no pasaron ni dos horas" cuando se empezó a actuar por parte del PSOE, al pedir el acta a Cerdán, pese a que el exsecretario de organización tardó cuatro días en hacerlo, con un fin de semana incluido para destruir pruebas.
"Nos equivocamos dando la confianza a dos personas", lamentaba Alegría pese a que en el informe de la UCO salen dos personas más que fueron clave en el proceso de amaños; el director general de carreteras, Javier Herrero, y la ex presidenta de Adif y más tarde secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera.
En el Gobierno comprenden el malestar de sus socios, que les exigen más explicaciones, y confirman que Sánchez comparecerá el 9 de julio en el Congreso. Alegría hablaba de la "absoluta indignación" que les ha provocado "ese triangulo tóxico" de "Ábalos, Cerdán y Koldo".
Otra dimisión
A este caso se suma una nueva dimisión por otras posibles irregularidades. Fuentes del Ejecutivo confirman que en las últimas horas ha presentado su dimisión un alto cargo de Hacienda, José Antonio Marco Sanjuán, que, hasta ahora, era presidente del Tribunal Económico Administrativo Central. En el Gobierno aseguran que renuncia porque "no todo el mundo suporta titulares" tras unas noticas de El Debate en la varios testimonios le acusaban de cobrar de empresarios a los que posteriormente favorecía en procedimientos fiscales.
Fuentes del Ministerio defienden que ha dimitido "para poder defenderse" y que se trata de un funcionario de carrera de 35 años en la administración y que ha ocupado cargos con Gobiernos de PP y PSOE "Se ha hartado de las acusaciones sin pruebas y querrá defenderse", aseguran en Hacienda.