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Ferraz defiende a la sustituta de Cerdán y lanza un órdago a los críticos: firmas para forzar un Congreso o silencio

Los críticos acusan a Ferraz de querer polarizar a los militantes al pedirles que reúnan 76.000 firmas para forzar un Congreso extraordinario.

Los críticos acusan a Ferraz de querer polarizar a los militantes al pedirles que reúnan 76.000 firmas para forzar un Congreso extraordinario.
Reunión de la Ejecutiva Federal del partido celebrada este lunes en Ferraz. | EFE

Pocos recuerdan una Ejecutiva tan larga en Ferraz. Tras el primer discurso de Pedro Sánchez, se registraron hasta 23 peticiones de intervención, a las que se sumaron otras más a través del canal de WhatsApp, donde están todos los miembros, o levantando la mano. La gran mayoría de los 54 miembros del órgano intervinieron, y todos lo hicieron para cerrar filas con un Sánchez que, según fuentes presentes, pidió "escuchar y reflexionar".

Incluso intervino el número dos de Santos Cerdán, Juanfran Serrano, a pesar de saber que iba a ser cesado y sustituido por un equipo interino hasta la celebración del Comité Federal del 5 de julio en Madrid. Sánchez agradeció estas "aportaciones" y conminó a que otros lo hagan en el Comité Federal. Hablando siempre de los canales internos del partido, en un claro mensaje hacia los críticos que reclaman un adelanto electoral o un Congreso extraordinario del PSOE. En Ferraz no ocultan el malestar por algunas entrevistas y declaraciones recientes de dirigentes críticos, como el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, o el exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato.

La decisión de Sánchez de enrocarse y no asumir responsabilidades por el escándalo ha ampliado la brecha con sus detractores. Durante su comparecencia, afirmó haber hablado en los últimos días con algunos líderes territoriales. Sin embargo, desde el entorno de Emiliano García-Page, barón de Castilla-La Mancha, aseguran que nadie se ha puesto en contacto con ellos.

Desde Ferraz se responde a los críticos con contundencia: "Está todo tasado". Si quieren un Congreso extraordinario para destituir a Sánchez, deben reunir las firmas necesarias. Pero el proceso es complejo. Según los estatutos del PSOE, se requiere el respaldo de más de la mitad de los afiliados. En 2016, se hablaba de 96.000 firmas; las últimas cifras disponibles, de 2023, indican que el partido cuenta con 152.900 militantes, aunque habría que descontar los que no están al corriente de pago. Es decir, serían necesarias alrededor de 76.000 firmas válidas.

Desde el sector crítico consideran esta vía "absurda" y afirman que sólo busca "polarizar a los militantes". De ahí que Sánchez planteara una disyuntiva durante su intervención tras la Ejecutiva: o un Gobierno PP-Vox o la continuidad del actual Gobierno de coalición PSOE-Sumar hasta 2027. Un mensaje que también llevaba una fuerte carga simbólica interna.

Defensa de la gerente

Durante su discurso, Sánchez anunció la nueva secretaria de Organización de "transición", que ejercerá funciones hasta el Comité Federal del 5 de julio. Este equipo estará compuesto por Cristina Narbona, presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal; Montse Mínguez García, secretaria de Trabajo, Economía Social y Trabajo Autónomo; y Borja Cabezón, secretario de Acción Democrática y Transparencia. Junto a ellos, se suma el "apoyo técnico" de Ana María Fuentes.

Fuentes es la gerente del PSOE mencionada en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como la persona encargada de recaudar el presunto "impuesto" para el partido, lo que podría apuntar a un posible caso de financiación ilegal. Desde la dirección del PSOE defienden su inclusión argumentando que se ha replicado "la estructura de la quinta planta" y que sólo faltaría incorporar al equipo jurídico. Incluso aseguran que Fuentes "gestiona la gerencia como si fuera una banca cotizada".

Antes de Fuentes, el cargo de gerente lo ocupaba Mariano Moreno, persona de confianza de Adriana Lastra, quien fue posteriormente recolocado en la empresa pública ENUSA, dedicada a la extracción de uranio. Los gastos "desmedidos" durante la etapa de José Luis Ábalos nunca trascendieron, pese a su destitución orgánica y posterior ascenso a una empresa pública.

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