El caso Santos Cerdán que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado este miércoles como una "anécdota" en el Congreso, no sólo ha sacudido los cimientos de Ferraz; sino que la vinculación del exsecretario de Organización del PSOE con Navarra –donde habría comenzado su actividad delictiva desde 2015— ha sembrado la duda sobre adjudicaciones de obra pública que el Gobierno socialista de María Chivite habría concedido a una empresa propiedad del propio Cerdán.
Por ello se ha visto obligado a dimitir el número dos de la presidenta navarra en la delegación socialista, es decir, su vicesecretario general del PSN-PSOE y portavoz socialista en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz. Este se ha visto salpicado por el caso después de que haya trascendido que su pareja había trabajado para la empresa Servinabar —de la que Cerdán poseía el 45%— salpicando a Alzórriz respecto a la adjudicación de las obras.
De hecho, ha sido el ya exvicesecretario general de la delegación socialista navarra el que le ha trasladado esta información a Chivite, según ha explicado en una rueda de prensa convocada por él mismo, para trasladar su decisión de dimitir en "un ejercicio de honestidad". Para él, el hecho de que su pareja trabajara durante años en las áreas de Prevención de riesgos laborales y Estudios y programas de la compañía de Cerdán no significa que haya habido una irregularidad, aunque, según ha explicado, ha preferido dimitir para evitar sospechas de conductas ilícitas.
Este "ejercicio de honestidad" se ha dado con la dimisión del dirigente socialista navarro como portavoz en el Parlamento autonómico y como número dos de Chivite en el partido, pero no se ha trasladado al acta parlamentaria, ya que este ha decidido continuar siendo diputado a pesar de las dudas que puede suscitar la actividad de su pareja relacionadas con el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones que supuestamente ejercían Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Todo ello, para favorecer a empresas privadas, como sería Servinabar, en la que trabajaba la pareja de Alzórriz.
Cabe destacar que el hecho de no dejar su acta de diputado puede serle favorable a la hora de orquestar una defensa judicial, ya que los parlamentarios tanto autonómicos como nacionales se encuentran aforados, complicando el proceso de imputación de la persona sujeta a investigación. Esta es una estrategia que ya hemos visto con el exministro Ábalos, que se trasladó al Grupo Mixto de la Cámara Baja al ser expulsado del Grupo Parlamentario Socialista; y con el secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, que accedió a la Asamblea una vez que se encontraba en la lupa de la Justicia por el supuesto enchufe al hermano de Pedro Sánchez en la diputación de Badajoz.
UPN: "Ya no hay excusas"
Por su parte, la presidenta de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Cristina Ibarrola, se ha mostrado con dureza ante la supuesta corrupción que salpicaría al entorno de la presidenta navarra, que aseguró entre lágrimas que no conocía los hechos que se le achacan a Santos Cerdán, del que dijo que era su "amigo". Así, ha expresado en un comunicado que Chivite "debe dimitir ya". "Ya no hay más excusas", ha dicho dando por sentenciado el Gobierno de los socialistas navarros.
"Si esta mañana ya había motivos para pedir la dimisión de Chivite, lo conocido esta tarde hace más evidente que no puede seguir ni un minuto más al frente del Gobierno de Navarra", ha incidido la líder de UPN que ha puesto en duda que la secretario general de los socialistas navarros no conociese los hechos y ha aseverado que, en caso de que así fuera, "no está capacitada para ostentar el cargo de presidenta de todos los navarros". "Chivite está rodeada de mentira y corrupción", ha zanjado Ibarrola, que ha aseverado que "la sombra de Santos Cerdán ha sido demasiado alargada en el PSN".