El Parlamento europeo debatía este miércoles sobre la corrupción que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez. Bajo el título salvaguardar el Estado de Derecho en España: Garantizar una Fiscalía independiente y autónoma para combatir el crimen y la corrupción, eurodiputados de distintos países pertenecientes al PPE han alertado de la situación que vive España, en línea con la cascada de noticias publicadas en la prensa internacional.
La presión sobre el Ejecutivo aumenta a medida que se conocen más pruebas y sospechas sobre las causas abiertas en la Justicia contra todo el entorno del presidente. La situación es de tal gravedad que ha llegado ya a las más altas instituciones europeas, algo inusual ya que los asuntos domésticos de un Estado miembro no suelen ser motivo de debate, salvo que amenacen los principios de la UE. "Mr. Sánchez, la fiesta is over", le ha llegado a advertir un eurodiputado sueco, Tomás Tobé.
"Corrupción. Abuso de poder. Debilitamiento de las instituciones. Esta Cámara y la Comisión ya no pueden seguir en silencio", proclamaba Tobé ante la Eurocámara, denunciando los ataques a jueces, medios y cuerpos de seguridad. "Si algo así ocurriera en mi país, el Primer Ministro dimitiría y convocaría elecciones", remataba después de apelar al cumplimiento del Estado de Derecho. "España merece algo mejor. El pueblo de España merece algo mejora en mi país", decía.
"Estamos siendo testigos de que el presidente Sánchez quiere mantenerse en el poder debilitando aún más el Estado de derecho", advertía Siegfried Muresan, eurodiputado por Rumanía. "Están haciendo un uso indebido de fondos europeos, y este es un asunto que debería preocupar a todas las instituciones europeas", proseguía.
Desde Polonia, el eurodiputado Michal Wawrtkiewicz, daba un toque de atención a la propia Comisión Europea: "Llega un momento en el que el silencio se convierte en complicidad", decía, añadiendo que "la Unión Europea no puede permitirse ser ingenua". Portugal, que ya denunció a través de una eurodiputada la situación, se sumaba a la crítica. Ana Miguel Pedro hablaba ya de "crisis europea", no sólo de un asunto español. También desde Países Bajos, el eurodiputado Dirk Gotnik denunciaba la "decadencia democrática", nombrando el caso Álvaro García Ortiz.
También la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, advertía de que "Europa no se callará ante tanta vergüenza". "Pedro Sánchez es el jefe de una red de poder, dinero y silencios, que implica a cargos públicos y a su propia familia", advertía, nombrando el amaño de las primarias del PSOE, las prostitutas de Ábalos, su hermano, su mujer, su fiscal general o las cloacas. "Esto se llama corrupción de Estado", criticaba, apelando a los eurodiputados socialistas para que "no blanqueen a Sánchez".
Lo sucedido se suma al varapalo que la CE dio al Gobierno español con su informe sobre la amnistía, alertando de que se trata de un precio político que el Gobierno se concede a sí mismo para seguir en el poder. Aunque no es vinculante, su valoración influye en la decisión que pueda adoptar el TJUE a cuenta de esta norma que podría recibir en breve el aval del Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido, a pesar de que Europa pueda después tumbar el fallo.