De todas las frases que Santos Cerdán le dice a Koldo y que salen reflejadas en el informe de la UCO, hay una que inquieta sobremanera al PSOE: "Me viene ruido de Aragón, me viene ruido de Euskadi, me viene ruido de Andalucía."
La trama tuvo un epicentro: Navarra, donde se fue extendiendo como una mancha de aceite. Tras la dimisión de Santos Cerdán, lo siguiente ha sido el cese de Ramón Alzórriz, vicesecretario general del PSN de María Chivite. Su salida es casi una amputación política para la presidenta navarra. No solo son compañeros de partido, también son amigos, "uña y carne", que han compartido mil y una batallas y juergas. ¿Desconocía Chivite que la novia de Alzórriz trabajaba en Servinabar? se preguntan los socialistas tras años de relación estrecha.
En el PSOE temen estar ante el inicio de una macrocausa. De hecho, en el Gobierno asumen que"van a salir más cosas" pero no saber por dónde irán. Más de un socialista admite su preocupación por posibles "ramificaciones".
Tras Navarra, las siguientes sanciones se han producido en Aragón, donde se ha suspendido de militancia al número 2 del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Gómez Gámez, tras aparecer mencionado en un informe de la UCO. Lo más llamativo es que, pese a esta suspensión, mantiene la secretaría general de su agrupación y sigue siendo portavoz adjunto en el Consistorio.
Fuentes próximas a la dirección regional, que ahora controla Pilar Alegría, admiten que tomaron la decisión tras verle "mencionado en los audios", pese a que "no aparece nada que parezca punible" y prometen que serán "estrictos" con cada mención.
De hecho, en la conversación se habla de un tal Alfonso, ingeniero de minas, al que Acciona le debe unos 200.000 euros. El concejal suspendido, Alfonso Gómez Gámez, fue director de Energía y Minas del Gobierno de Aragón entre 2015 y 2019, durante la primera legislatura de Javier Lambán. Posteriormente, abandonó el Ejecutivo regional para ir en las listas de Pilar Alegría al Ayuntamiento de Zaragoza. Ambos se distanciaron de Lambán hasta romper relaciones. Gómez Gámez repitió en la candidatura municipal de 2023, ya con Alegría como ministra y con Lola Ranera como candidata.
Su acercamiento a Alegría se vio recompensado en el último Congreso Regional, cuando se introdujo en la Ejecutiva a su hija, Isabel Sofía Gómez. La "contundencia" de la dirección regional —suspendiéndole de militancia pero sin apartarle de su cargo— ha inquietado al PSOE de Aragón, ante el temor de una posible derivada que afecte a la Comunidad. No en vano, una de las investigaciones se centra en Mina Muga, ubicada en los términos municipales de Undués de Lerda (Aragón) y Sangüesa (Navarra), lo que requería licencias autonómicas de ambas comunidades.
La relación de Cerdán con Aragón se basa en alianzas políticas. Mantuvo una excelente relación con Miguel Gracia, actual senador y exdirigente de los socialistas oscenses, aunque actualmente esté en un segundo plano. El ya exsecretario de Organización también solía trasladarse a un hotel en Gea de Albarracín, donde conspiraba con Javier Lambán y sus seguidores con el objetivo de impulsar una alternativa con Pilar Alegría al frente.
¿Conexión andaluza?
También en el PSOE de Andalucía hay inquietud ante una posible ramificación. Hace una semana se produjo un registro en la casa de un exdirigente de Acciona, donde se encontró "un conjunto de documentos" y "adjudicaciones históricas del Ministerio de Fomento y OPR".
Tras perder la Junta y la mayor parte del poder municipal —los socialistas no gobiernan en 7 de las 8 capitales de provincia y han perdido la mayoría de las diputaciones—, el mayor temor ahora es que exista una conexión que pueda afectarles en alguna de las pocas instituciones que aún controlan, como podría ser la Delegación del Gobierno. Sin embargo, este cargo ha sido muy inestable, con cuatro delegados en siete años pero las investigaciones podrían centrarse en un exasesor del delegado.
Por el contrario, en otros territorios donde también se han producido registros, como en Castilla-La Mancha, hay inquietud por la posible deriva nacional del caso, pero tranquilidad respecto a la gestión del gobierno regional. En el informe de la UCO se menciona el aeropuerto de Ciudad Real, donde la trama trató de infiltrarse, pero no lo consiguió.