En la trinchera de Moncloa ya no saben de dónde vienen los disparos. Cuando comenzó la investigación a Begoña Gómez, la soldado Alegría sacó la metralleta. Ahora, cuando el juez Peinado ha alcanzado al todopoderoso ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, elevando una exposición razonada al Supremo para que lo investigue por falso testimonio y malversación, lo único que ha atinado a decir la sargento Alegría es: "Máxima tranquilidad". "Lo de hoy es un capítulo más", ha sentenciado.
En Moncloa justifican esta vaguedad asegurando que están "agotados" del magistrado que instruye la causa sobre Begoña Gómez y que, en el caso de Bolaños, le afecta por la contratación de su asesora. Fuentes del Gobierno califican el auto como "un disparate" y sostienen que "está lleno de errores, erratas e imprecisiones". El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, reiteraba esa idea al llegar al Congreso. "Esa tranquilidad absoluta se ha visto reafirmado cuando he visto la exposición razonada, contiene errores de bulto fácilmente comprobables mediante la propia declaración que es pública y se filtró", afirmaba a su llegada al Congreso.
En el Ministerio de la Presidencia ponen el acento en el escrito de Peinado, donde se le acusa a Bolaños de falso testimonio, basándose, según el entorno del ministro, en un error. El juez le preguntó por el responsable —es decir, quien supervisaba a Cristina Álvarez— y el ministro respondió que era Raúl Díaz, coordinador del personal del complejo presidencial, quien después negó haber tenido relación. Sin embargo, el auto señala que Peinado preguntó por la persona que realizó el nombramiento de la asesora de Begoña Gómez.
Ese matiz es clave, afirman en Moncloa, porque, según dicen, permite descalificar la exposición razonada: "se erige sobre una respuesta que el ministro no dio". Además, sostienen que, según la documentación aportada y la legislación vigente, la Secretaría General —cuyo máximo responsable en ese momento era el propio Bolaños— no realizó el nombramiento de Cristina Álvarez.
Ahora, en el Gobierno confían en que el Tribunal Supremo archive el caso, y se apoyan en el precedente del exconsejero madrileño y actual directivo del IE Juan José Güemes, quien fue imputado por una declaración que un testigo nunca realizó, y cuyo caso fue rectificado por la Audiencia Provincial de Madrid. "Confiamos en que en esta ocasión el resultado sea el mismo", afirman desde el entorno de Bolaños.
Todo mientras a Moncloa se le acumulan frentes judiciales tras estallar el caso Cerdán. Pilar Alegría llegaba a despejar las preguntas sobre dónde está el límite a la cascada de escándalos para que Sánchez asuma su responsabilidad dimitiendo o adelantando elecciones. "El límite lo marcan los ciudadanos", terciaba a la par que se apropiaba de los votantes de sus socios para decir que tienen el respaldo de 12 millones de ciudadanos para seguir hasta 2027. La ministra retaba a la oposición y les conminaba a presentar "una moción de censura" si no están de acuerdo.