Durante la sesión de control al Gobierno vasco, el líder del PP, Javier de Andrés, cuestionó la política penitenciaria del lehendakari, Imanol Pradales, después de que se haya conocido que la rebaja de las medidas penitenciarias aplicadas a los presos ha beneficiado en un 85% a miembros de ETA.
De Andrés acusó al Gobierno vasco de "corromper el sistema de justicia con el tratamiento privilegiado a los etarras", "ponerse al nivel de quienes comprenden y silencian los crímenes de ETA y "corromperse moralmente".
Pradales decía que "le repugnan" los crímenes de ETA, pero justificaba la política penitenciaria diciendo que se aplica por técnicos, fiscales y jueces, y atacaba al PP acusándole de "traer la polarización de Madrid" y "revictimizar a las víctimas de ETA".
Desde octubre de 2021, el Gobierno vasco tiene la competencia exclusiva sobre la gestión de las cárceles en su territorio. Este fue un traspaso histórico y largamente demandado por el PNV. Desde entonces, es la administración autonómica, y no el Ministerio del Interior central, la que decide sobre la progresión de grados de los presos, incluidos los de ETA.