El Partido Popular pretende poner coto a la regularización masiva de Pedro Sánchez, que puede beneficiar a 1,2 millones de personas, además de a sus familias. Para ello, ha aprovechado la tramitación de la Ley de multirreincidencia de Junts, aprobada por una amplia mayoría en el Congreso, para introducir enmiendas en el Senado y limitar las consecuencias del proceso iniciado por el Gobierno.
Las modificaciones introducidas en la norma, a las que ha tenido acceso Libertad Digital, y que se ha encargado de elaborar la vicesecretaria de Institucional, Cuca Gamarra, buscan frenar las consecuencias que puede acarrear regularizar inmigrantes sin comprobar sus antecedentes penales, con sólo una declaración responsable.
Para ello, se endurecerán los requisitos para obtener la residencia; se reforzará la justicia (ampliando el número de fiscales) y se elevará la presión contra el petaqueo, que ofrece suministro y operatividad al narcotráfico en las costas españolas.
Endurecer los requisitos
Será necesario acreditar con documento oficial la ausencia de antecedentes penales, no pudiendo obtener el permiso si hay un procedimiento judicial abierto contra el solicitante que implique su entrada en prisión o si ha sido condenado como reincidente.
Deberán recabarse informes previos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para iniciar el proceso de regularización, siendo motivo de rechazo haber incurrido en cualquier tipo de falsedad documental. Se rechaza, además, que el mero hecho de solicitar la residencia sirva para anular un proceso de expulsión.
El PP defiende que estas medidas son necesarias para "evitar la impunidad y reforzar la seguridad", en defensa de un buen modelo de convivencia y por la "protección de la inmensa mayoría de los ciudadanos extranjeros", que sí están con la "firme voluntad de integrarse".
Reforzar la Justicia y endurecer las penas
El refuerzo de la Justicia se hará ampliando en el plazo de dos años las fiscalías de área, provinciales y de comunidades autónomas en, al menos, un fiscal cada cien mil habitantes y se modifica el Código Penal para sancionar el transporte de combustible no autorizado con penas de entre 3 y 5 años de prisión.
La inclusión de enmiendas alarga el proceso de tramitación de la Ley de Multirreincidencia. El próximo martes está previsto que se estudien los cambios en Comisión y, si son aprobados, pasarían después al Pleno del Senado. Una vez aprobadas las enmiendas, se devolvería la norma al Congreso, donde es previsible que saliera adelante por lo que no se descarta que la Mesa presidida por Francina Armengol intente paralizarla.