En una nueva y reveladora entrega de MA Confidential, el espacio de investigación de Libertad Digital, se analiza la que promete ser una primavera judicial extremadamente convulsa para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lejos de la ligereza de una campaña publicitaria estacional, el jefe del Ejecutivo se enfrenta a un horizonte sombrío, marcado por el asedio de múltiples causas de corrupción que amenazan la estabilidad de su gabinete. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está ultimando investigaciones que apuntan directamente al núcleo duro del sanchismo, desvelando una red de influencias y cobros irregulares que han dejado de ser meras sospechas para convertirse en informes periciales inminentes.
Uno de los frentes más críticos se centra en la figura de Francina Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta de Baleares. Según las exclusivas de Libertad Digital, la UCO está a punto de entregar un informe detallado sobre la compraventa de material sanitario durante lo peor de la pandemia de la COVID-19. La investigación apunta a que Armengol utilizó a Koldo García, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, como una suerte de parapeto táctico para gestionar contratos con empresas vinculadas a la trama, como la conocida Soluciones de Gestión. El informe parece acreditar que, bajo el apelativo de Cariño Armengol, se escondía una relación de connivencia que permitió a la trama corrupta lucrarse con fondos públicos mientras la presidenta se protegía tras intermediarios.
Simultáneamente, el cerco se estrecha sobre Santos Cerdán, quien fuera la mano derecha de Sánchez y secretario de organización del PSOE. La UCO prepara un informe patrimonial exhaustivo que podría ser devastador, centrado en el rastro del dinero y las posibles mordidas canalizadas a través de la empresa Servinabar. Cabe recordar que Cerdán ya estuvo en el foco judicial, llegando a pasar meses en la prisión de Soto del Real, y ahora las nuevas pesquisas apuntan a un patrimonio oculto que no concuerda con sus ingresos declarados, vinculándolo directamente con el empresario Antxón Alonso en una operativa de cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones de obra pública.
La estrategia temporal de la UCO y de la justicia parece estar cuidadosamente medida. Se espera que estos informes no vean la luz de forma definitiva hasta que concluya el primer gran juicio de la trama Koldo en el Tribunal Supremo, previsto para el próximo 7 de abril. Esta decisión busca evitar que el Gobierno de Sánchez pueda utilizar su maquinaria de propaganda para acusar a los jueces y a la Guardia Civil de interferir en el proceso electoral o en la propia vista oral. No obstante, la trascendencia de lo que se juzgará, con José Luis Ábalos sentado en el banquillo de los acusados, supone un golpe de dimensiones incalculables a la línea de flotación de un socialismo que pretendía presentarse como adalid de la regeneración.