
Un informe de la UCO Medioambiental relata el enfrentamiento de la trama del caso Forestalia con una empleada que se negó a permitir la manipulación de las licencias de energías renovables. Una trabajadora con la que surgieron "amplios conflictos" ante las prácticas de presunto amaño de los informes medioambientales exigidos para la concesión de las licenciad energéticas. El resultado del choque fue inmediato: "Fue posteriormente apartada de sus funciones".
Todo ocurrió en el seno del Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental), el organismo autonómico encargado de la concesiones de los informes medioambientales. La UCO especializada en Medio Ambiente describe así el choque: "Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental). Organismo autonómico de Aragón cuyos informes son mencionados en varias declaraciones. Testigos como Mónica Álvarez Gracia y María Inmaculada Martín Ávila apuntan a "situaciones extrañas" y a cambios de criterio injustificados en sus informes, que pasaban de ser negativos a positivos en proyectos del Grupo Forestalia".
Y "relatan también "amplios conflictos" de una técnica de Inaga con su dirección debido a sus informes desfavorables a proyectos de esta empresa, técnica que, según se testifica, fue posteriormente apartada de sus funciones". La unidad de la Guardia Civil destaca el hecho de que el enfrentamiento surgió porque esta trabajadora mantenía un criterio negativo a la entrega favorable de los informes debido al daño medioambiental que implicaban.
Y la UCO Medioambiental identifica a la trabajadora en cuestión: "Se corresponde con Ainhoa Ruiz Pinilla a la cual se le tomó manifestación […]".
La Guardia Civil detecta, por lo tanto, dos vías de presunto fraude o delito. La primera en este organismo dependiente del Gobierno de Aragón en la etapa de mando socialista de Javier Lambán. Y la segunda en el Ministerio de Transición Ecológica en época de Teresa Ribera y de la mano de un subdirector general, Eugenio Domínguez.
"Eugenio Jesús Domínguez Collado. (Ex Subdirector General de Evaluación Ambiental) Figura central en la trama descrita por la práctica totalidad de los testigos. Múltiples declaraciones (Elena Pardo, Elvira Bocos, Juan Manuel Miguez, entre otros) le señalan como el responsable de asignarse a sí mismo la práctica totalidad de los proyectos de energías renovables presentados por promotores pertenecientes al Grupo Forestalia, una práctica calificada como "extraordinaria".
Tramitación irregular favorecida
El informe de la Guardia Civil afirma que a Domínguez "se le acusa de haber creado un sistema de tramitación paralelo, derivando estos expedientes a la empresa pública Tragsatec para su evaluación bajo su supervisión directa. El testimonio de Elena Pardo añade que Domínguez Collado "acudía de forma habitual a la empresa Forestalia por las tardes al finalizar su horario laboral", un detalle que subraya una relación inusualmente estrecha". Es más, los investigadores detallan que "varios testigos (Álvaro Carretero, Elena Pardo) manifiestan que, tras su jubilación, continuó su actividad como ‘asesor del Secretario de Estado de Medio Ambiente’, presuntamente para seguir facilitando la tramitación de dichos proyectos".
De hecho, el resumen que hace la Guardia Civil del papel del "Grupo Forestalia" es el siguiente: "Empresa promotora de proyectos de energía renovable que, según se desprende del conjunto de las declaraciones, es la principal y casi exclusiva beneficiaria de las presuntas irregularidades procesales investigadas. Los testimonios apuntan a que sus expedientes recibían un trato diferenciado y privilegiado".
Del papel de "Tragsatec" en la trama, la UCO Medioambiental señala: "Empresa pública cuya función original era prestar asistencia técnica no obligatoria a los equipos de la Subdirección General de Evaluación Ambiental. Según los testimonios de Pablo Font y Juan Manuel Miguez, su rol fue transformado bajo la dirección de Domínguez Collado. Pasó de ser un apoyo opcional a convertirse en la herramienta central para tramitar los proyectos del Grupo Forestalia. El testigo Pablo Font de la Fuente calificó al equipo de Tragsatec que servía a Domínguez con la expresión "guardia pretoriana", quienes, según su declaración, emitían los informes que le llegaban al Subdirector ya redactados para su firma".



