
Desde un primer momento, fuentes policiales consultadas por Libertad Digital afirmaron que el mecanismo de comprobación de los delitos de los extranjeros que se están acogiendo al decreto de regularización de inmigrantes es prácticamente inviable. Ahora, un oficio de la Dirección General de Policía, dependiente del Ministerio del Interior, certifica que el sistema es un coladero y pide a los agentes que intenten certificar la identidad de los inmigrantes que se encuentran en España de forma ilegal. La pregunta que queda en el aire es cómo se va a identificar a quienes han perdido o eliminado su documentación.
El Gobierno ha regulado plazos de investigación o comprobación de un mes para certificar que la argumentación de los inmigrantes no es falsa. Y, en caso de no haber respuesta, se impone de facto un silencio administrativo que beneficia siempre al inmigrante. El resultado es un "coladero" brutal que permitirá una entrada masiva sin control real de sus historiales penales, destacan fuentes policiales.
Pero ahora, un oficio de la propia Dirección de la Policía confirma estas versiones. El oficio en cuestión se convierte en una "Difusión de alerta y criterio básico de actuación policial relacionados con el aumento de denuncias por extravío, pérdida o sustracción de documentación por parte de ciudadanos extranjeros indocumentados".
El destinatario del oficio son las "Jefaturas Superiores de Policía / Unidades de Coordinación Operativa Territoriales - Brigadas Policiales y Locales de Extranjería y Fronteras". Y señala que "con motivo de la publicación el pasado 27 de enero de la noticia, sobre un nuevo proceso de regularización de inmigrantes que se encontraran en nuestro país en situación irregular a fecha de 31 de diciembre de 2025, se ha tenido conocimiento de un aumento significativo de denuncias por extravío, pérdida o sustracción de documentación, principalmente pasaporte, por parte de ciudadanos extranjeros, completamente indocumentados".
El texto añade que, "mediante un análisis preliminar, se compara el periodo comprendido entre el 15 de enero y el 6 de febrero de 2025 con idéntico periodo de 2026, pudiendo comprobar que este tipo de denuncias experimenta un incremento de aproximadamente el 60%".

El oficio señala que, "la información con la que se cuenta en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras apunta a que en el marco de un eventual proceso extraordinario en esta práctica se podría estar buscando una manera de acreditar la presencia en territorio español en el periodo comprendido por el proceso de regularización extraordinaria". Y que "la actuación de alguna plantilla policial, procediendo a una identificación plena del extranjero, ha permitido comprobar que en muchos casos existen […]: Antecedentes penales y/o policiales en España y/o en otros países; otras identidades diferentes de la denunciada; resoluciones administrativas en materia de extranjería aún en vigor".
Identificación de extranjeros en comisaría tras la denuncia
Y, por todo ello, y "atendiendo a lo expuesto, se recomienda que, cuando un ciudadano extranjero indocumentado se persone en una comisaría de Policía al objeto de denunciar el extravío, pérdida o sustracción de su pasaporte o cédula de identidad, sin perjuicio de recibir la oportuna denuncia, y mediante la oportuna integración de los diferentes servicios de la dependencia implicados en el trámite, se proceda a una identificación plena del mismo y a la comprobación de situación administrativa en España".
Ahora la gran pregunta es cómo se hace eso sin mecanismos ni tiempo para poder materializarlo.


