Un informe elaborado por la UCO de Medio Ambiente ha dejado a las claras lo que ha estado ocurriendo con la trama Forestalia. Para empezar, los proyectos de energías renovables se fraccionaban, de forma que, por su reducido tamaño, el Ministerio de Teresa Ribera ya no fuese responsable. Acto seguido, el Inaga del Gobierno de Aragón en aquel momento en manos del socialista Javier Lambán, omitía el impacto medioambiental de las obras e instalaciones. Y, por último, las empresas implicadas –en infinidad de ocasiones, Forestalia–, revendían los proyectos limpios ya de obstáculos ecologistas a otras compañías que sí explotaban esa energía. Todo un trabajo digno del partido –el PSOE– que dice ser un gran defensor del ecologismo en España.
El informe de la Guardia Civil (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente) analiza una de las licencias más polémicas, una de plantas fotovoltaicas que incluía la línea de evacuación de la electricidad en una de las zonas teóricamente más protegidas de Teruel. Y sus conclusiones son demoledoras.
La primera de esas conclusiones señala que "el estudio de impacto ambiental presenta omisiones, errores, metodología, generalizaciones y faltas de rigor que debieron condicionar la obtención de una Declaración de Impacto Ambiental". Además destaca que "el estudio de impacto ambiental contempla la eliminación del arbolado y matorral alto en las zonas de actuación, afectando a especies protegidas y hábitats de interés comunitario, pero propone medidas de minimización técnicamente insuficientes, lo que implica una pérdida neta de biodiversidad vegetal que no queda restaurada o compensada con el plan actual".
Riesgos de la actividad
El informe de la Guardia Civil añade que, "en cuanto a la fauna, hay carencia de datos específicos sobre el terreno, habiendo reciclado información de otros proyectos eólicos ajenos. Esto impide conocer el riesgo real sobre aves y mamíferos, omitiendo además que la zona es un corredor biológico y su cercanía a un área de importancia para la conservación de las aves y la biodiversidad".
El estudio de la UCO medioambiental subraya que "la implantación del proyecto sobre el Polje de Mosqueruela y el Parque Cultural del Maestrazgo se ha proyectado sin realizar los estudios geotécnicos ni arqueológicos preceptivos. Esto supone un riesgo de destrucción de yacimientos, monumentos y formaciones geológicas de alto valor que no han sido evaluados ni protegidos".
El documento destaca que "no identifican, describen, cuantifican y consecuentemente analizan los riesgos derivados de la actividad en combinación con otras fuentes de impacto en el mismo territorio y son insuficientes para garantizar la minimización de su impacto ambiental sobre la vida silvestre".
Informe ambiental deficiente
La Guardia Civil explica que, "a la vista de las omisiones, carencias documentales e imprecisiones técnicas detectadas en la documentación analizada, se considera que, en su estado actual, no resulta posible efectuar una valoración plenamente objetiva, completa y técnicamente fundada de las afecciones potenciales al medio natural derivadas de los proyectos examinados".
Y que, "en consecuencia, se considera imprescindible que sea el promotor del proyecto quien proceda a la ampliación y subsanación de las deficiencias del estudio de impacto ambiental. Una vez incorporada dicha documentación técnica complementaria al expediente, corresponderá al órgano ambiental competente proceder a su revisión exhaustiva. En caso de que de la nueva información resultara una afección significativa no evaluada en la resolución ambiental vigente, el órgano ambiental deberá tomar las medidas que proceda, pudiendo incluir en su caso, la revisión de la Declaración de Impacto Ambiental emitida, modificando su sentido favorable si se constata técnicamente la existencia de impactos críticos, severos o incompatibles no adecuadamente valorados o mitigados".
Y concluye el informe señalando que, "a fin de evitar posibles daños sustanciales al medio ambiente, se debería paralizar la ejecución del proyecto, en aplicación del principio de prevención ambiental, en tanto no se subsanen las omisiones e imprecisiones detectadas mediante la aportación de la documentación técnica complementaria necesaria, que determine con precisión las afecciones reales y la idoneidad de las medidas correctoras propuestas".