La gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en torno al aterrizaje de Delcy Rodríguez en España se confirma como un ejercicio de desprecio sistemático a la legalidad internacional y una arquitectura de mentiras diseñada para proteger sus propios intereses. Según una investigación de cinco años de El Debate, el Ejecutivo no solo conocía y permitió la llegada de la número dos de Nicolás Maduro, sino que ignoró de forma premeditada las restricciones de la Unión Europea.
La Decisión PESC 2018/901 del Consejo Europeo, firmada por el propio Sánchez al llegar a la Moncloa, obligaba a impedir la entrada o el tránsito de Rodríguez por menoscabar la democracia en Venezuela. Sin embargo, el Gobierno decidió saltarse este mandato jurídico inmediato sin tramitar la exención obligatoria por razones humanitarias, supuesto que nunca concurrió en esta visita furtiva.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha intentado sostener el bulo de la legalidad amparándose en una supuesta documentación clasificada enviada a la Unión Europea. No obstante, resoluciones del Consejo de la UE fechadas en febrero de 2024 confirman que tal comunicación jamás existió; el Gobierno de Sánchez nunca informó a Bruselas del paso de la mandataria venezolana por Barajas, a diferencia de otros países como Bélgica, que sí cumplieron escrupulosamente con el protocolo legal en 2023. Esta omisión consciente desmonta la versión oficial y señala directamente a un presidente que, con una legión de asesores y servicios jurídicos a su disposición, no puede alegar ignorancia de las leyes que él mismo rubricó.
La trama, ya judicializada y acorralada por los informes de la UCO de la Guardia Civil, revela que Sánchez dio el visto bueno personal a la visita tras recibir un mensaje de José Luis Ábalos el 16 de enero de 2020. A pesar de que el presidente afirmó en el Senado que se canceló la visita al percatarse de las sanciones, la realidad documentada por la UCO y los testimonios del sumario confirman que Delcy Rodríguez no solo aterrizó, sino que permaneció en una sala VIP de Barajas tras una conversación telefónica con el propio Sánchez en la que se le garantizó que no sería detenida.
Este operativo, gestionado por figuras clave de la corrupció n sanchista como Víctor de Aldama y José Luis Rodríguez Zapatero, habría tenido como trasfondo una supuesta concesión de hasta 250 millones de dólares en petróleo venezolano para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista, bajo la sombra del expresidente.
El desfile de versiones contradictorias de Marlaska, Ábalos y el propio Sánchez evidencia un intento desesperado por ocultar un escándalo que mezcla la política exterior errática del sanchismo con intereses económicos. Mientras el Gobierno se escuda en una supuesta diplomacia de emergencia para evitar crisis, la realidad jurídica y policial apunta a una vulneración flagrante del Estado de Derecho para facilitar el acceso a España de una figura sancionada por la comunidad internacional, convirtiendo el aeropuerto de Barajas en el escenario de uno de los episodios más oscuros y corruptos de la historia reciente de España.