El Ejecutivo no solo cree —y trata de hacer creer a la ciudadanía— que ya ha asumido todas las responsabilidades políticas por el caso Koldo, cuando en realidad ningún miembro del Gobierno ha respondido con hechos, como ceses por la falta de control sobre Ábalos. Lejos de ello, el Ejecutivo parece instalado en una realidad paralela: "No me produce ningún interés", afirman fuentes gubernamentales sobre el mayor escándalo de corrupción que afecta al Gobierno. Un discurso que evidencia la ausencia de la "empatía" que proclamó la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Ejecutivo se aferra a un guion inamovible. Da por amortizado el caso Koldo hasta el punto de descartar cualquier agravamiento, la aparición de nuevos implicados dentro del Gobierno o la apertura de nuevos frentes. Tampoco contempla que el caso de las mascarillas pueda sacudir al Ejecutivo; por eso rechaza asumir responsabilidades políticas incluso en el peor escenario, una sentencia condenatoria.
"Está exprimido", aseguran estas mismas fuentes, que también niegan cualquier impacto electoral en Andalucía. Pese a ello, el Gobierno intenta pasar página y confía en que, a nivel mediático, el juicio no escale tanto como para que la corrupción que le afecta se convierta en el monotema.
Lejos de rectificar el tono, el Ejecutivo insiste en una actitud victimista, escudándose en lo "doloroso" que fue descubrir que un compañero al que "apreciaban" y "querían", y en quien confiaban como un hombre "honesto", era en realidad un completo "desconocido", como sostuvo el presidente del Gobierno al referirse a quien fuera su mano derecha, aunque sigue sin aclarar por qué decidió cesarle de su gabinete.
La imagen de un exministro en el banquillo del Tribunal Supremo ha llevado al Ejecutivo a insistir en "lo doloroso" de la situación, aunque ya asume que esa escena pueda desembocar en una condena firme de quien fuera su compañero en el Consejo de Ministros. A la vista de la estrategia adoptada en este caso judicial, todo apunta a que el Gobierno replicará el mismo patrón ante otros frentes que le cercan, como el caso Begoña Gómez o el de David Sánchez: ninguna asunción de responsabilidades y un intento de desviar el foco hacia asuntos polémicos como el aborto.