La letrada mayor del Senado, Sara Sieira, expuso este martes ante la Mesa del Senado sus conclusiones sobre el veto del Gobierno a las enmiendas de la Ley de multirreincidencia, que fue aprobado por la Mesa del Congreso. Según trasladan fuentes parlamentarias consultadas por Libertad Digital, la letrada rechazó la decisión adoptada por Francina Armengol, a la que incluso se opuso el letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, por posible inconstitucionalidad.
"Lo que está emergiendo en España es un sistema en el que la separación entre poder ejecutivo y poder legislativo se debilita cada vez más. El Gobierno no solo impulsa las leyes: en la práctica, decide también qué partes pueden debatirse y cuáles no. Y lo hace con un instrumento especialmente grave: el veto presupuestario", dijo la letrada durante la reunión del órgano rector de la Cámara.
El Ejecutivo argumentó que las modificaciones presentadas por el PP, y aprobadas por el Senado, afectaban a partidas presupuestarias, único supuesto en el que el Congreso puede vetar enmiendas aprobadas por la Cámara Alta. Los cambios se referían, sin embargo, a la regularización masiva de inmigrantes y la exigencia de pedir un certificado de antecedentes penales para concederles papeles, en lugar de una mera declaración responsable.
"Gobernar al margen de las Cortes"
La decisión de la Mesa del Congreso de bloquear las enmiendas coarta el derecho de los diputados a debatir siquiera las modificaciones introducidas por el Senado, anulando de paso las competencias de esta Cámara. "El Gobierno, con la colaboración de la mayoría de la Mesa del Congreso, está vaciando de contenido la función esencial del Parlamento: legislar", advirtió la letrada de la Cámara Alta.
El Gobierno recurrió también a esta práctica con la ley de desperdicio alimentario, la de defensa de la clientela y la de seguridad aérea. "Si eso se normaliza, el veto presupuestario dejaría de ser una facultad excepcional para convertirse en un instrumento político de bloqueo general", expuso la letrada, que se preguntó: ¿Quién hace hoy las leyes en España? ¿Las Cortes Generales, como exige la lógica parlamentaria, o el Gobierno, con el respaldo de la Mesa del Congreso?".
El poder ejecutivo se arroga así funciones del legislativo, anulando en la práctica a las Cortes al eliminar las funciones de una de sus Cámaras. En palabras de la letrada, "la diferencia entre una democracia parlamentaria y un sistema autoritario no está solo en que haya elecciones. Está también en que el Parlamento conserve su capacidad real para legislar. Si esa capacidad se vacía, lo que se deteriora no es solo un procedimiento: es el corazón mismo del sistema constitucional", dijo.
El PP ha presentado un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional por la decisión de Armengol. Se trata del decimotercer conflicto de atribuciones de la legislatura, siendo esta la primera vez en democracia que se plantean estos recursos. La letrada también criticó la falta de resolución del Tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido, que los ha admitido, pero no los ha resuelto.
"Esto prolonga una situación en la que el control institucional no corrige, al menos por ahora, y con urgencia, como debería hacerse, dada la importancia del tema, una práctica que afecta directamente a la formación de la ley", criticó la letrada. "Lo que está en juego es si la ley sigue siendo la expresión de la voluntad de las Cámaras o si, por el contrario, ha pasado a ser el resultado de lo que el Gobierno decide dejar pasar", concluyó.